Sin embargo, el organismo cuestiona su impacto real, especialmente en ámbitos clave como vivienda y movilidad. Solo el 0,8% del presupuesto se destinó a vivienda y el 1,2% a movilidad sostenible, cifras que evidencian el escaso peso de estas políticas en la lucha contra la despoblación.
El informe distingue entre “medidas reto”, diseñadas específicamente para afrontar el problema, y “medidas perimetrales”, de carácter general. Apenas 50 de las 158 actuaciones fueron consideradas medidas específicas, concentrando solo el 16,8% del presupuesto total. El resto correspondió a iniciativas indirectas, sin impacto claro sobre el reto demográfico.
Además, el Tribunal subraya un fallo clave: la ausencia de indicadores de seguimiento. El Plan no estableció mecanismos para evaluar su eficacia, ni se llegó a crear el Observatorio del Reto Demográfico, previsto precisamente para medir resultados.
Aunque el Gobierno defiende que sí hubo actuaciones relevantes, los datos apuntan a un diseño disperso, con poca concreción y sin herramientas claras para medir su impacto.
En definitiva, miles de millones movilizados sin una estrategia suficientemente focalizada ni evaluable, lo que pone en duda la eficacia real del plan frente a uno de los mayores problemas estructurales del país.
