Según un informe de este jueves el retraso en la ejecución de los fondos se explica por la menor capacidad y complejidad administrativa -también en los nuevos procesos relacionados con los propios fondos-, la supervisión anticorrupción, las normativas de la Unión Europea (UE) acerca de las ayudas y la elevada inflación.
«Estimamos que España habrá ejecutado 7.700 millones de euros de un total de 77.200 millones a finales de 2022», apuntan los autores del informe, quienes achacan esa «menor capacidad administrativa» a los «prolongados ajustes presupuestarios» de los años anteriores. Y si bien esperan que la situación mejore, «la falta de gasto hasta ahora en comparación con el calendario inicial indica que el plazo de 2026 para el despliegue completo está en peligro», de forma que «es probable que el Gobierno solicite una prórroga» de no acelerar el despliegue de fondos durante los siguientes doce meses.
Así, el despliegue de los fondos europeos se habría encontrado con nuevos cuellos de botella en el primer tramo de este año. Hasta junio se habrían comprometido solo 7.700 millones de euros, lo que supone una ralentización con respecto al pasado ejercicio, cuando la convocatoria de subvenciones y licitaciones aceleró de forma notable. Así se desprende del informe ‘El doble reto de España: completar la ejecución del Plan de Recuperación y aprovechar la nueva oportunidad que ofrece la Adenda’, elaborado por la consultora LLYC, en el que se hace un balance de la gestión de los Next Generation a 30 de junio de 2023.
La firma computa como comprometidos los fondos cuando se publican la convocatoria o anuncio de licitación correspondientes, aunque el inicio del plazo para registrar solicitudes sea posterior. Así, si durante 2021 se comprometieron 20.620 millones de euros, principalmente a lo largo del segundo semestre (puesto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se aprobó en abril de ese año) y durante el pasado ejercicio se superaron los 14.000 millones que se habían comprometido de media (con 12.856 millones en el primero y 15.540 millones en el segundo), el volumen de fondos comprometidos durante el primer semestre de 2023 ha bajado esos 7.770 millones.
Los motivos de ese frenazo son, primero, la prolongada negociación final de la Adenda, es decir, la actualización del documento aprobado en julio de 2021, para que España pueda acceder a los 7.700 millones de euros de las transferencias adicionales y a los 84.000 de préstamos de los fondos NextGenationEU. El Ejecutivo remitió el texto a Bruselas el pasado 7 de junio y la Comisión se encuentra actualmente en el plazo de dos meses para pronunciarse al respecto (si bien podría prorrogarlo). En caso de dar su aval, la Adenda pasaría al Consejo de la Unión Europea, que tendrá que deliberar en un mes y decidir si da su aprobación definitiva al mismo.
Y después, la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías, que la Comisión Europea aprobó el pasado mes de febrero pero que sigue sin aparecer aún en el diario oficial de la Unión Europea. La firma también apunta a otras causas, como la resolución de pre-notificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación (como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno) o los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución del Plan de Recuperación.
