Es una de las ideas recogidas en el estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, editado por Funcas y presentado hoy por sus coordinadores, Raquel Carrasco y Raymond Torres. El libro analiza uno de los fenómenos sociales, económicos y políticos más determinantes y transformadores de las últimas décadas en España, que ha pasado de ser a finales del siglo XX un país tradicionalmente emisor de migrantes a convertirse en uno de los principales receptores de población extranjera en Europa. En menos de una generación, el porcentaje de población extranjera residente ha escalado desde cifras marginales hasta ser un componente estructural ineludible de la demografía y el mercado laboral español. Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, que en su práctica totalidad son de origen extranjero. Se trata de un shock de oferta, sin parangón entre las grandes economías europeas, que ha ensanchado el potencial productivo del país. Además, el sesgo sectorial y ocupacional de la fuerza laboral extranjera ha permitido el crecimiento de actividades que se enfrentaban a escasez de mano de obra. Sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda. Por último, ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas. La descomposición del crecimiento del PIB en tres variables -productividad, tasa de ocupación y número de activos- evidencia la aportación de la mano de obra extranjera al crecimiento de la población activa (con un impacto de 4,7 puntos), y de manera menos acusada el efecto de la inmigración en la tasa de ocupación (con 0,3 puntos adicionales). A la inversa, la mayor presencia de la inmigración en los sectores de bajo valor añadido habría redundado en un descenso de la productividad (-0,8 puntos), como consecuencia del efecto composición. Una de las especificidades que ha facilitado la integración económica y social de los inmigrantes es la importancia de América Latina como área de procedencia. Por regiones, Sudamérica, América Central y el Caribe suman el 47% de la población inmigrante, Europa el 27% y África, Asia y Oceanía el 24%. La edad es otro aspecto favorable a la integración. El 62% de la población española se encuentra en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), frente al 84% de la población nacida en el extranjero. A pesar de todo, el estudio advierte de que la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones. Sus beneficios dependen sobremanera de la capacidad de integración de la población extranjera, y de la respuesta de las políticas públicas a este respecto. Comparativa frente a Europa Mientras que en España uno de cada cinco trabajadores es inmigrante, en Francia e Italia, lo es uno de cada seis. El caso de España es particularmente impactante. En el año 2000, solo el 4,2% de la población en edad laboral en España había nacido en el extranjero, una proporción considerablemente inferior a la observada en países como Francia (12,3%), Alemania (19,5%) o incluso Portugal (5,3%). No obstante, en apenas dos décadas, España experimentó un crecimiento migratorio acelerado y sostenido, alcanzando en 2023 un porcentaje del 21,3%, superando a Francia (14,2%) y acercándose al nivel de Alemania (23,3%), países con una historia migratoria más extensa y consolidada. En España, Italia y Portugal, los inmigrantes presentan tasas de actividad más altas que los nativos, mientras que en Alemania y Francia ocurre lo contrario. En España, los inmigrantes son más jóvenes (especialmente por el menor peso de la población entre 54-65 años), tienen menor nivel educativo promedio (por el menor peso de los universitarios); se concentran en sectores de actividad con alta rotación y mayor riesgo de desempleo (hostelería, comercio y actividades del hogar) y en ocupaciones más precarias (aquellas de bajo nivel de cualificación). En general, estas tendencias están más marcadas que en otros países como Alemania o, en menor medida, Francia, donde las características de los inmigrantes se asemejan más a las de los nativos. En este contexto, las políticas públicas no deberían abordar solo las desigualdades visibles, sino también los obstáculos más estructurales a la integración laboral. Así, sería necesario mejorar la empleabilidad de los inmigrantes promoviendo la homologación de títulos, el acceso a formación adaptada y combatiendo la discriminación en el ámbito laboral, entre otros aspectos.
