La ambición climática de España debe afrontar importantes retos tecnológicos y sociales para alcanzar el objetivo de ser una economía neutra en carbono en 2050, tales como electrificar al menos la mitad de la economía, desarrollar nuevos vectores energéticos como el hidrógeno y otros combustibles renovables y transformar sectores clave como el transporte, los edificios o la industria.
El último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas, trata, bajo el título El futuro de la energía, de ayudar a conocer y entender mejor el futuro energético que nos espera.
Rodríguez y Linares ofrecen una panorámica de los futuros posibles para el sector energético en 2030 y 2050, de acuerdo con los análisis de distintas organizaciones globales y nacionales, y constatan que la transición va a requerir un volumen ingente de recursos económicos para que se pueda llevar a cabo. Algunos estudios indican que puede ser preciso multiplicar por 3-5 la tasa anual de instalación de renovables, o por 25 el despliegue de baterías. También se estima que habrá que doblar la inversión actual anual en infraestructuras energéticas durante las próximas tres décadas. En cuanto a los precios energéticos, todos los escenarios apuntan a una creciente volatilidad.
Para lograr los ambiciosos objetivos fijados en las normas españolas y europeas en materia de neutralidad climática, Villar y Labandeira defienden que la fiscalidad medioambiental y de la energía es esencial. Su diagnóstico de la situación actual no es positivo: el sistema fiscal no contribuye eficazmente al logro de los compromisos españoles en el ámbito medioambiental. Las razones están en un reducido peso de estos impuestos, una regulación compleja y asistemática y poca coordinación territorial. Las áreas prioritarias de actuación de la reforma fiscal serían el fomento de la electrificación y la movilidad sostenible. Respecto a la primera, los autores proponen una reducción de la carga fiscal general actualmente soportada por la electricidad, que tendría un efecto progresivo, y cuyos impactos recaudatorios y medioambientales negativos podrían compensarse con medidas aplicadas en otros sectores. Para favorecer la movilidad sostenible sería necesario reformar la tributación de los combustibles de aviación, marítimos y agrarios; establecer un impuesto sobre los billetes de avión; o crear impuestos municipales sobre la congestión en determinadas ciudades, entre otros.
Uno de los entornos fundamentales para que la transición energética tenga lugar son las ciudades, en las que se consume el 65% de la energía mundial. Y una de las áreas fundamentales en las que incidir en la eficiencia energética son los edificios, tanto por las mejoras en términos de energía o emisiones como por los cobeneficios en términos de empleo o de calidad de vida. El sector de la rehabilitación energética de edificios es crítico para alcanzar la neutralidad climática toda vez que supone un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y permite convertir las urbes en espacios más sostenibles, saludables, equitativos y justos.
El artículo de Lumbreras, Oquendo-Di Cosola, NaylaSaniour, Moreno-Serna, Martín Sanz, Conde y López-Cózar explora el diseño de un programa de rehabilitación energética masiva en España, como un ejemplo de innovación para la transformación urbana, en el contexto de la Misión europea para lograr que 100 ciudades sean climáticamente neutras e inteligentes antes de 2030. Las estimaciones indican que la transformación urbana necesaria para alcanzar ciudades climáticamente neutras requiere una inversión de entre 10.000 y 30.000 euros por habitante en los próximos ocho años, que se sitúa muy por encima de los presupuestos municipales habituales.
En un contexto de incertidumbre y deterioro de las expectativas económicas, la Unión Europea mantiene su compromiso de liderar la transición hacia una economía baja en carbono. Lázaro y Escribano analizan el contexto europeo en el que se tendrá que desarrollar esa transición. Los autores señalan que la invasión rusa de Ucrania podría proporcionar el empuje político, el apoyo social y, como consecuencia, la ventana de oportunidad para abordar los objetivos energético-climáticos con urgencia. Pero, por otra parte, el complicado contexto, determinadas políticas macroeconómicas y los impactos asimétricos de la transición energética también podrían desacelerar el cambio de modelo.