El presidente de la CEOE, ha alejado la posibilidad de alcanzar un pacto de rentas tras las decisiones «unilaterales» que ha ido tomando el Gobierno sin consultar. «Si al final sobre un montón de cosas que se tenían que haber puesto sobre la mesa, se han tomado decisiones unilaterales, vas dejando atrás la posibilidad de un pacto de rentas».
Garamendi ha afirmado, desde Angola donde acompaña a los Reyes en su viaje oficial, que para un pacto de rentas, se necesita contar «con alguien más que con los agentes sociales», pues «lo lógico» es que dicho pacto dure cuatro o cinco años y no «ocho, nueve o diez meses». Así, el dirigente empresarial considera que el Gobierno debería haber sentado también en la mesa de negociación «al menos» al principal partido de la oposición o a los partidos «llamados a gobernar» el país.
Las palabras de Garamendi se producen después de que la vicepresidenta Calviño, volviera a defender ayer en el Senado que alcanzar un pacto de rentas sería «favorable» y «muy positivo» para los trabajadores, ya que permitiría tener una perspectiva plurianual.
«Nadie más que yo deseo que haya un pacto de rentas. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo posible para que se produjera, aportando alivio a las familias a través de medidas de protección
CEOE pide conocer el nivel de ejecución de los fondos europeos
La patronal CEOE ha reclamado al Gobierno que de cuenta de los fondos europeos Next Generation que ha llegado a la economía real. La patronal denuncia la “disparidad” de datos que se facilitan y pide aprender las lecciones recibidas, de cara a este 2023, cuando se prevén nuevos fondos destinados a modernizar la economía.
En un nuevo informe de seguimiento, la patronal española considera que España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la Unión Europea (UE). Hasta la fecha se han recibido ya 31.000 millones en concepto de subvenciones, lo que sumado al proyecto de Adenda que prepara el Gobierno, movilizará un total de 164.000 millones de euros. La Comisión Europea fija el nivel de ejecución del plan español en un 22%. La propia Administración General del Estado (AGE) afirma que ha adjudicado ya 22.000 millones de euros. Pero otros organismos se muestran más conservadores, como Fedea, que rebaja esa cifra a 14.000 millones. “Se percibe un acelerón en la publicación y adjudicación de licitaciones y convocatorias, pero todavía tenemos margen de mejora”, afirma CEOE, que pone deberes a la Administración española en el aterrizaje de los fondos.
Se trata de que los fondos europeos terminen aterrizando en la economía real, y transformando la economía del país, muy tocada durante la pandemia – que atacó el turismo con especial saña – a fin de hacerla más resiliente a perturbaciones como la propia Covid-19 o más tarde la guerra de Ucrania y el encarecimiento de la energía. Para ello, CEOE pide mayor agilidad en la publicación de convocatorias de ayudas, como los PERTE, o proyectos estratégicos, a lo largo de 2023, un año clave en su ejecución, advierten.
Los empresarios denuncian la lentitud en convocar las ayudas al vehículo eléctrico, el llamado PERTE VEC, cuya primera convocatoria tardó en resolverse seis meses; el mismo plazo que se tardó en publicar las bases del proyecto sobre la economía circular, en tanto que otros sectores siguen esperando las convocatorias, por ejemplo, las ligadas a la microelectrónica y los semiconductores o PERTE Chip.
La patronal reclama mayor flexibilidad en el acceso a las convocatorias, e incentivos para que participen las pymes. Sin embargo, lamentan lo ajustado de los plazos que tienen las empresas para presentarse a las ayudas – menos de 60 días, en proyectos tractores muy complejos –, así como los “estrictos” requisitos, por ejemplo, en materia medioambiental.
También reclaman una estandarización de aspectos como la responsabilidad solidaria de las empresas, así como una flexibilización de los avales el Estado solicita a las empresas.
Por último, los empresarios recuerdan que la concesión de los fondos europeos tiene consideración de ayudas del Estado. Y piden una flexibilización de la normativa europea en este sentido. Además, exigen al Gobierno que en este 2023 dé prioridad a los llamados proyectos importantes de interés común europeos, los IPCEIS, como el del hidrógeno, que se suman a otros anteriores, centrados estos en microelectrónica y baterías.
