Sanidad denuncia a la Comunidad de Madrid por no crear el registro de objetores al aborto que contempla la ley. La denuncia pide a la Comunidad de Madrid, que cree este registro, que cumpla la ley y que no deje de utilizar a los profesionales como excusa. En la denuncia, el ministerio pide que mientras se dicte sentencia, como medida cautelar, se obligue a la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de ese registro.
Desde fuentes del Gobierno regional señalan «que lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante». Prefieren que sea un tribunal el que decida sobre la obligatoriedad de ese registro.
El pasado mes de octubre, el departamento de García dio tres meses a el Gobierno de Ayuso para que cumpliera con este requisito mediante un requerimiento oficial. La ministra Mónica García ya había advertido en diversas ocasiones a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que acudiría a los tribunales si seguía sin cumplir con la ley y pasado este plazo, ha decidido formalizar la denuncia. Las autonomías han ido implementando ese registro, a excepción de la Comunidad de Madrid, que ha plantado cara el Ministerio negándose a cumplir la ley. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, considera que ese listado de profesionales es «una lista negra» y llegó a decir que las mujeres madrileñas se vayan a abortar «a otro lado».
Ese registro tiene carácter confidencial y está destinado a que los hospitales puedan organizarse, de manera que el derecho a la interrupción del embarazo quede garantizado. Se da la circunstancia de que hay otro registro de similares características en relación a la eutanasia que la Comunidad de Madrid sí ha creado.
