De esta manera, García Ortiz pide amparo ante el Poder Judicial porque el alto tribunal ha dado traslado de sus comunicaciones telefónicas desde el 5 de diciembre del 2023 al pasado 24 de octubre, que constan en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), a las partes de la causa en su contra por la supuesta difusión de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general advierte al órgano de gobierno de los jueces de que se ha excedido el mandato judicial que limitaba el rastreo de su registro telefónico a los días del pasado marzo (del 8 al 14) en que supuestamente se fraguó la filtración del correo que el abogado de Alberto González Amador envió al fiscal Julián Salto para plantear un acuerdo de conformidad en el caso fiscal al que se enfrenta el empresario.
La mayoría de las llamadas fueron realizadas o recibidas en su línea telefónica personal, que opera Movistar y es la que usa habitualmente, y la parte más pequeña de la información compartida son de su número profesional contratado con Vodafone.
García Ortiz pone así en conocimiento del CGPJ que, con ello, el Supremo ha proporcionado estos datos tanto a la defensa de la pareja de la Comunidad de Madrid como a las cuatro acusaciones populares (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Ilustre Colegio Profesional de la Abogacía de Madrid) sin que se haya puesto freno o contención a su difusión. Ve en ello una afectación grave a su intimidad que, al mismo tiempo, pone en peligro su integridad personal y seguridad.
Pero no lo solo la suya. El fiscal general avisa de que en esta información de su actividad telefónica se incluye el domicilio de todas las personas que se han puesto en contacto con él, entre los que hay, además de su personas de su entorno, otros miembros del Ministerio Público, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y hasta una vocal del propio Poder Judicial.
Un desglose de su actividad en tiempo real, de su vida personal y profesional, durante casi un año que se cifra en 240.000 registros, entre llamadas y datos, que, explica, no se han omitido del informe policial que entregó de manera «injustificada» el TS a las partes de la causa en la que está imputado por revelación de secretos.
García Ortiz pone sobre la mesa del Consejo que ha tenido que cambiar de número y cerrar sus cuentas personales de correo electrónico ante el aluvión de llamadas y mails ofensivos que recibió. También se habrían conocido su DNI y la dirección de su vivienda, según denuncia.
