«Fue decisivo para evitar una gran fragmentación europea», ha destacado el comisario europeo de Economía, Gentiloni, que ha presentado junto al vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, este informe que señala los principales logros de los dos años de implementación del plan, así como las lecciones a aprender de cara al futuro, hasta su culminación en 2026. En este sentido, ambos se han mostrado dispuestos a estudiar una «mayor flexibilidad», como reclaman algunas autoridades e instituciones nacionales, en cuanto a la evaluación y revisión de los planes aunque sin reabrir el marco jurídico, de modo que se mantendrá el límite de ejecución de los planes en 2026.
«Vemos improbable la extensión del plazo, por lo que nuestro mensaje a los Estados miembro es que se centren en la aplicación y en los plazos establecidos en la normativa actual», ha apostillado Dombrovskis. La simulación que acompaña a la evaluación prevé efectos más pronunciados del plan en las principales naciones beneficiarias, como es el caso de España e Italia, donde se prevé que la proporción de deuda pública respecto al PIB disminuya en más de 10 puntos porcentuales de cara a 2031.
En relación a la clave de reparto, se estima que los Estados miembro con un PIB per cápita inferior a la media experimentarán el mayor impulso en sus niveles de PIB debido a las importantes inversiones que lleva aparejadas el plan de recuperación y resiliencia, lo que pronostica un aumento de la producción de alrededor del 3,5% en España, frente al impacto medio del 1,4% en la UE.
El plan de recuperación prevé una inversión total de 800.000 millones de euros, de los que se han desembolsado cerca de 225.000 millones en apoyo a de las economías de la UE. De ellos, España ha recibido ya tres pagos de 37.036 millones, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones. Estos datos sitúan a España –que ha solicitado ya el cuarto pago de otros 10.000 millones– entre los principales beneficiarios del plan hasta la fecha, y ha cumplido, además, con el segundo mayor número de hitos y objetivos –121 de 416–, sólo por detrás de Italia.
Aunque la evaluación reconoce que el impacto final de las medidas en el mercado laboral no puede evaluarse en esta fase, dado el corto horizonte temporal y el desfase en la observación de las repercusiones en el mercado laboral, sí están apareciendo los primeros ejemplos de resultados.
Entre ellos, destaca la reforma del mercado laboral en España y alude a datos recientes del Banco de España que confirman que la reforma ha cumplido sus objetivos de aumentar el número de contratos indefinidos y reducir el de temporales o de duración determinada.
No obstante, señala que la coordinación de las políticas activas del mercado laboral entre los niveles territoriales y con otras políticas sociales y de empleo podría haberse abordado de forma «más exhaustiva» y advierte de que persisten «problemas estructurales subyacentes», como bajos niveles de financiación o escasa capacidad de los servicios públicos de empleo, que «podrían socavar la coherencia de las medidas dentro de las estructuras existentes si no se remedian».
