Se trata de una propuesta que Mas ha trasladado este lunes antes de entrar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ministerio de Hacienda se ha reunido con las quince comunidades autónomas de régimen común para fijar la senda fiscal entre 2025 y 2027 como paso previo a los Presupuestos.
Esa financiación ‘singular’ se traduce en una Agencia Tributaria de Cataluña que asuma las funciones de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos que actualmente gestiona la Agencia Tributaria estatal, así como la aportación de un ‘cupo’ catalán por la parte del gasto estatal en Cataluña y una cuota de solidaridad entre regiones con un fondo de reequilibrio territorial a negociar.
En opinión de los técnicos de Hacienda, ese régimen foral catalán vulneraría los artículos 133, 149 y 157 de la Carta Magna, que otorgan al Estado la competencia exclusiva para regular los tributos, el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del Estado. También afectaría a otras normas como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, los Estatutos de Autonomía o la ley de 2001 que cede los porcentajes vigentes de la recaudación del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el juego, IVA e impuestos especiales, entre otras.
Gestha indica también que la Generalitat prevé que con la asunción de esta competencia la AEAT pasaría de recaudar cerca de 4.900 millones de euros en impuestos cedidos y propios a recaudar alrededor de 52.000 millones. Para los técnicos, esta cifra es «muy relevante», ya que la Agencia Tributaria de Cataluña sólo gestiona y recauda el 9% del total de los impuestos generados en Cataluña (excluidos los impuestos locales), mientras que el 91% restante son recaudados por la Agencia Tributaria.
Según los técnicos de Hacienda, esta diferente dimensión hace prever que con esta propuesta se aumentaría la evasión en Cataluña por la falta de experiencia de la agencia catalana en la gestión y control tributario de todos los impuestos. Otro apartado que Gestha critica es la intención de traspasar los medios humanos, materiales y tecnológicos por parte de la AEAT a la agencia catalana, algo que ven «imposible», porque la gran mayoría de los 4.200 funcionarios de la AEAT en Cataluña «rechazaría integrarse» en la nueva agencia.
Los técnicos añaden que, además, se aumentarían exponencialmente las «ya altas» demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior sean un atractivo suficiente al carecer de lazos afectivos y familiares en la región.
En este sentido, Gestha explica que la nueva agencia tributaria catalana estaría dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios con 852 personas empleadas, de ellas realizarían funciones de control tributario 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos.
La plantilla contrasta con la de la Agencia estatal tributaria en Cataluña de 3.939 funcionarios estatales y el resto sería personal laboral, de los que ejercen funciones superiores 364 inspectores y 1.365 técnicos de Hacienda.
A juicio de los técnicos, estos son «dos obstáculos insalvables» para un régimen foral catalán, por lo que prevén que se negociará la creación de un consorcio tributario entre las agencias estatal y catalana que, con el tiempo, sea «la Administración Tributaria en Cataluña» previsto en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, manteniendo cada Administración estatal y autonómica la llave de la caja de sus respectivos tributos y la dependencia orgánica de sus empleados.
