Así ha defendido hoy el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Férnandez-Albertos, los cambios en el sistema de pensiones recientemente pactados entre el Gobierno y los sindicatos, también con el visto bueno de Bruselas. El responsable de la Seguridad Social del equipo del ministro, Escrivá, ha ejercido esta defensa durante su intervención en el Foro Futuro,
Por su parte, Carbo de Funcas y de la Fuente de Fedea, han analizado las que, a su juicio, son las sombras de esta reforma. Ambos han coincidido, en líneas generales, en que las medidas para aumentar ingresos aprobadas en esta reforma no serán suficientes para compensar el fuerte incremento de los gastos que se producirá en el sistema de pensiones por el acceso masivo de los nacidos en el baby boom a la jubilación y tras haber eliminado el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.
“La reforma desde el punto de vista presupuestario es complicada de entender. Los números no acaban de cuadrar. La supresión del factor de sostenibilidad mete mucha presión al gasto para los próximos años. Se esperaba que la segunda fase de la reforma compensara ese incremento de 3,5 puntos sobre el PIB que supondrá haber eliminado dicho factor, pero eso no solo no se ha hecho, sino que la medida que podía moderar el crecimiento del gasto, que era la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión se ha dado la vuelta y aumenta los costes”, ha explicado el responsable de Fedea. Es más, “esto –ha añadido– amenaza con comerse el margen fiscal. No nos va a quedar mucho dinero para hacer otras cosas, entre ellas sanidad y dependencia que también necesitarán en mayor medida los futuros pensionistas”.
Por su parte, Carbó ha sumado otro reproche a los autores de esta reforma: la falta de información a la ciudadanía. “Hay una falta de información, porque los españoles siguen pensando que las pensiones son bajas y que aún pueden subir. Y eso ocurre porque no se está informando sobre los lastres del mercado laboral ni sobre los bajos salarios. La sociedad está formada por personas de edad adulta, a los que se les puede decir que la demografía no está a nuestro favor, que en los próximos 30 años el sistema va a tener mucha presión y que el aumento de los ingresos no es suficiente para el incremento del gasto”.
Así, el responsable de Funcas ha agradecido al Gobierno el esfuerzo que ha hecho introduciendo un mecanismo de ajuste de los desequilibrios automático, pero precisamente por ello “se da nuevamente una señal de que la sostenibilidad no está garantizada”.
En este escenario, De la Fuente y Carbó han criticado que esta segunda parte de la reforma se ocupe exclusivamente del los ingresos y no ha ejercido ningún control sobre el incremento del gasto. “El peso del gasto público está demasiado orientado a determinadas generaciones en este momento. Esto está enquistado desde hace diez quince años y no se dan los pasos para una reforma en profundidad que también vigile el gasto. Eso solo se puede hacer con una reforma en profundidad donde se diga a los ciudadanos: esto has aportado y esto te puedes llevar, y así funciona el sistema”, ha insistido Carbó, quien, una vez más, valorando el esfuerzo del Ministerio de Escrivá, ha considerado que “habrá que abordar cambios en pocos años”.
Sin embargo, Fernández-Álbertos ha respondido a todas estas críticas recordando que esta segunda fase de la reforma de pensiones se ha focalizado en aumentar los ingresos porque en la primera fase aprobada en 2021, ya se incluyeron incentivos a la prolongación de la vida laboral (orientados a recortar el gasto y subir los ingresos porque se cotiza más tiempo y se cobra pensión menos años), “que fueron ambiciosos y ya están desplegando sus efectos”. Es más, el responsable de la Seguridad Social ha insistido en que dichas medidas, cuya previsión de incremento de ingresos es de entre un 1 y 1,6 puntos de PIB, “fueron ya valoradas positivamente y como factibles por Bruselas en la evaluación del segundo desembolso de los fondos europeos de reconstrucción”.
De esta forma, Fernández-Albertos ha explicado que medidas como estos incentivos son las que el Gobierno ha considerado que eran “socialmente comprables”, ya que ha recordado que “los factores con los que opera un Gobierno –sometido a la evaluación de los ciudadanos en las urnas—son otros distintos a los que manejan los académicos”. Pero incluso en este punto, el dirigente de la Seguridad Social, ha reclamado a los críticos con la reforma “que digan cuáles son sus alternativas: no revalorizar las pensiones o, al menos, no todas; recortar las pensiones de nueva entrada…”. Por ello, ha reclamado que, “en el debate político nos gustaría tener este debate. Porque las medidas adoptadas Estas medidas son también las más razonables y no solo las que la sociedad puede comprar mejor, sino la que tiene un reparto de cargas más equilibrado”.
Sin embargo, De la Fuente no ha opinado lo mismo. Según ha indicado, la mayor parte de mejora de los ingresos “se carga sobre una base muy estrecha (las bases máximas que se incrementan un 38% y la cuota de solidaridad que se aplica sobre el salario que exceda dicha base máxima), las de los salarios más altos. “Esto convierte a las cotizaciones, que son salario diferido, en un impuesto puro y duro (…) y cuyos ingresos no llegan ni de lejos a los necesarios”. Ante esto, como alternativa, Fedea, ha propuesto en varias ocasiones que “la carga se hiciera sobre una base mucho más amplia a través de un recargo en la cuota estatal del IRPF, porque con ello se pagaría entre todos y el votante visibilizaría la brecha que hay entre ingresos y gastos, pero tal y como se están haciendo las cosas el ciudadano medio no es consciente de que hay un problema y hay más presión para seguir haciendo reformas”, ha añadido este experto.