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  Economía  Seguros  Gobierno la crisis de Muface ha muerto
Seguros

Gobierno la crisis de Muface ha muerto

La confirmación de la concurrencia de las dos principales compañías que, hasta ahora, se han hecho cargo de dar cobertura sanitaria privada a millón y medio de personas (entre funcionarios y familiares), Adeslas y Asisa, supone para el Ministerio de Función Pública la resolución de un conflicto que ha durado más de lo que debía.

RedaccionRedaccion—4 de marzo de 20250
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El ministro López, lo dio ayer por zanjado. «Ya sabemos que dos grandes, Asisa y Adeslas, han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema está resuelto», indicó ante los medios de comunicación en el Mobile World Congress de Barcelona.
La tercera aseguradora que ofrecía el servicio en el contrato anterior, DKV, ha confirmado que no se presenta, pero si lo hacen dos nuevas, AXA y Mapfre, que nunca habían concurrido para Muface.
La apertura de ofertas se realizará mañana miércoles a las 10:15 horas, y el nuevo concierto estará vigente de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

El contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el Gobierno. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.
En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años. Estas cantidades están exentas de IVA.
Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de «restablecimiento del equilibrio económico-financiero» para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un «riesgo imprevisible» y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la «onerosidad» de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio. El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

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