Es mas, la ministra portavoz, aseguró que no la retirará, de manera que el 14 de octubre será la fecha tope para abordar en el Pleno del Senado esta norma. El Ejecutivo sostiene que se trata de una trasposición de una directiva europea y que todos los trámites en el Congreso de los Diputados se aprobaron «por unanimidad», y en el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta, «no ha enmendado ni vetado nadie». «Aquí no ha habido ni despiste ni errores por parte del PP, lo que hay, lo que hemos visto, es una utilización partidista e indigna del terrorismo», señaló la portavoz del Gobierno Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes en La Moncloa.
El motivo de la polémica con el Partido Popular es que la enmienda se introdujo «de tapadillo», según los populares, en la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, firmada por Sumar, y a la que todos los partidos votaron a favor.
La vicepresidenta Díaz, defendió que este proyecto de ley contó con un informe favorable del Consejo de Estado, emitido el 16 de diciembre de 2023. Sin embargo, ese dictamen no pudo estudiar esta enmienda, introducida por Sumar y que permite el beneficio a presos etarras, porque fue introducida con posterioridad a esa fecha, durante el trámite parlamentario. Y, según aclaran fuentes parlamentarias a Servimedia, esto significa que el Consejo de Estado no se pudo pronunciar al respecto.
Por otro lado, desde Moncloa también defendieron ambas ministras que el texto de la enmienda es «literal» al texto que aprobó el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy en 2014. «El PP no puede decir que no sabía lo que estaba votando, claro que lo saben porque es el mismo texto, idéntico al que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2014», señaló Alegría. Sin embargo, este texto aprobado por el Gobierno del PP se modificó en el trámite parlamentario añadiendo una disposición adicional única, precisamente, con la finalidad de que los presos de ETA no pudieran beneficiarse. Una disposición adicional que el Gobierno de Sánchez no ha incluido en este texto.
El Ministerio del Interior trasladó hace dos años a las víctimas del terrorismo que no habría concesiones a los presos etarras en este sentido. Ante esta pregunta, Alegría respondió que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, «siempre ha mantenido una conversación y un diálogo fluido con las víctimas», y añadió que en estos años de Gobierno de Sánchez se ha «incrementado el número de efectivos» y también es «un 38% superior» el sueldo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el Gobierno reprochan al PP que «ETA acabó hace 13 años» en lo que fue «una victoria de toda la sociedad española y la democracia». «En nombre del Gobierno, de todos los españoles, exijo al PP que deje de usar de manera tan partidista y obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español», zanjó Alegría.
