El texto que propone el Ejecutivo es el siguiente: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley regulará el ejercicio de este derecho, que, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad». Con esto, el Gobierno pretende que el texto a incluir pase al Parlamento, donde deberá ser aprobado por tres quintos de la Cámara Baja, esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Con la aritmética parlamentaria actual, sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante.
Si el Congreso aprobara el texto, tendría que viajar al Senado, donde caben dos opciones: que se apruebe sin modificaciones con tres quintos de la Cámara o bien que se introduzcan cambios. De ser así, habría que constituir una Comisión Mixta para que Congreso y Senado acordaran un texto común. Llegados a este punto, se abre un plazo de 15 días durante el que el 10 % de diputados o de senadores pueden solicitar que el texto sea votado en referéndum.
No obstante, este escenario no ocurrirá, ya que el Partido Popular ya ha avanzado que votará en contra de esta iniciativa por estar ya regulado mediante la ley correspondiente. Según los populares, este movimiento corresponde a una cortina de humo del Gobierno para tapar sus casos de corrupción y no para salvaguardar los derechos de las mujeres.
Ese texto común tendrían que ratificarlo los tres quintos de las dos Cámaras o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso, 234 diputados. Con el voto en contra del PP y de Vox esta medida está abocada al fracaso, ya que según la Constitución Española es necesario una mayoría de tres quintos de cada Cámara. Unos números que solo conseguiría el PSOE con el apoyo del PP.
Asimismo, desde La Moncloa se ha exigido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacer cumplir la ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. Ha sido la ministra de Sanidad, García, la que ha recriminado a Ayuso ir contra las mujeres y ha amenazado con llevar a la Comunidad de Madrid, así como a Baleares y Aragón, a los tribunales.
«El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto», ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la responsable de Sanidad,García.
Asimismo, ha aludido en varias ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio y vamos a ejercer nuestros derechos libremente». Ha acusado a Ayuso de estar por encima de la ley y del derecho a las mujeres y le ha recomendado que «recoja cabe, abandone su cruzada contra las mujeres y que cumpla la ley».
El texto propuesto no ha estado exento de polémica entre los socios de Gobierno, como viene siendo habitual. De hecho, Sumar ha pedido al PSOE negociar para mejorar la propuesta de inclusión del aborto en la Constitución para blindar el acceso a este derecho porque una «referencia genérica no sirve para nada» y hay que evitar «riesgos» indeseados. La portavoz de Sumar en el Congreso, Martínez Barbero, ha explicado que el objetivo de la reforma constitucional debe ser blindar el derecho al aborto de todas las mujeres que viven en España y ha abogado por descartar fórmulas que «pueden tener riesgos de no cumplir» con este fin e incluso llevar a «situaciones contradictorias».
«Una referencia genérica al aborto en la Constitución no sirve para nada. Los derechos deben tener contenido en la Constitución, si no, se dejan simplemente al desarrollo de una ley y ahí tenemos un problema gordo porque se pierde incluso la jerarquía normativa entre Constitución y ley»,
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