En una nota, el Departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno ha explicado que la decisión se ha adoptado tras «agotar todas las posibilidades de negociación» y de plantear al Gobierno central «un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia», de manera que la norma estatal no prevaleciera sobre la regulación autonómica.
El departamento vasco ha explicado en una nota que se han rechazado estas propuestas, lo que «ha abocado» al Gobierno Vasco a interponer el recurso por «vulneración de competencias en materia de vivienda», por lo que solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas, en concreto, 7 artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales.
El recurso se presenta sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas del Gobierno Vasco, que tal y como han recordado a Efe fuentes del Departamento vasco de Vivienda, dirigido por el socialistas Iñaki Arriola, mantienen que la ley estatal «es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos».
Han insistido en que la norma faculta a las autonomías para adoptar medidas para las que no tienen competencias y permite que dispongan de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible.
La decisión se ha tomado además, dos días antes de que el lehendakari, Urkullu, firme el decreto de convocatoria de elecciones para el 21 de abril.
El anuncio del recurso se hizo en el mes de julio de 2023, momento en que como ahora se alegó que invade competencias autonómicas porque regula aspectos que a pesar de no estar incluidos en la legislación de Euskadi sí son competencia de la comunidad autónoma, según el Ejecutivo vasco. Los socios del Ejecutivo autonómico, PNV y PSE-EE han mantenido desde el principio sus discrepancias en torno a esta ley, que fue rechazada en las Cortes Generales por el partido de Ortuzar.
