Según los pliegos del contrato, el valor de esta licitación asciende a 923,3 millones de euros (IVA excluido) para un periodo total de 15 años. El contrato inicial baraja un plazo de 10 años por 588 millones, pero con posibles prórrogas por un periodo adicional de 5 años. Con esta licitación, Renfe busca un socio que controle el 51% de una nueva empresa, quedándose la operadora ferroviaria pública con el restante 49%, para disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción suficiente para establecer planes de transporte alternativo por carretera (PAT) cuando el viaje en tren no es posible.
Para asegurar la eficiencia del servicio, Renfe busca que solo las grandes empresas se puedan presentar al concurso y ya ha establecido en sus pliegos requisitos económicos como que los interesados tendrán que tener una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, o que cuenten con un mínimo de 500 autobuses en propiedad (o 300 si se presenta en consorcio).
De esta forma, se abrirá primero un plazo para que cualquier empresa presente su candidatura y, posteriormente, se pase a una siguiente fase con las que cumplan los requisitos, lo que ha hjecho que las pequeñas empresas se hayan puesto en pie de guerra por sentirse excluidas ante de tiempo.
