Una comparecencia en la que el novio de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a insistir en que no pagó ningún tipo de ‘mordidas’ o comisiones irregulares al Grupo Quirón, como asegura la acusación popular del PSOE, motivo por el que, una vez más, su defensa ha solicitado el sobreseimiento de la pieza separada en la que se le investiga por dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, diferentes de los que se incluyeron en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.
La citación a «los efectos del esclarecimiento de los hechos» investigados se producía después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta nueva derivada de las pesquisas impulsada por la acusación popular que representan los socialistas y Más Madrid. En concreto, ambas partes sostenían las existencia de dos ilícitos adicionales «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L» de la que es propietario y administrados único Alberto González Amador, «y su cliente Quirón Prevención S.L».
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico podía haber «una administración desleal, como apuntaba el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».
Sin embargo, González Amador habría acreditado lo contrario, durante sus más de dos horas y media de declaración ante la magistrada. De hecho, en respuesta a las diferentes preguntas formuladas, el empresario madrileño ha insistido en su inocencia y ha justificado documentalmente todos sus ingresos, que además ya habían «sido revisados» por Hacienda, como él mismo recordó.
González Amador ha justificado el incremento de su facturación, procedente de que Quirón porque ésta, a su vez, aumenta la suya propia, contratándole a él para prestar servicios a esos terceros que crecen en paralelo. Además, ha asegurado que «no existe sociedad interpuesta alguna». Lo que sucedió fue que adquirió una sociedad a la que se llevó «toda la actividad», de manera previa a «liquidar la anterior». Un extremo que habría reforzado con la aportación de varias comunicaciones y documentos notariales.
En concreto, ha puesto de manifiesto cómo si bien la inspectora de la Agencia Tributaria que arrancó su expediente administrativo aseguró el 31 de diciembre de 2021 que se trataba de una sociedad interpuesta, un día después, el 1 de enero de 2022 afirmó lo contrario. Y es que desde la Inspección «se sabe», como consta en las actas, que lo que se compró con Círculo de Belleza fueron los «contratos de distribución que tenía», no maquinaria alguna, hasta tal punto que ni se solicitaron los documentos, ni a nivel tributario se cuestionó la compra.
Fuentes próximas a la causa, añaden, que aunque no se entiende por qué la Fiscalía ha incluido preguntas relativas al piso en el que González Amador reside con la presidenta Díaz Ayuso, «se han contestado todas» para acreditar que la compra se efectuó con su patrimonio y sin emplear empresa alguna para ello.
