En un escrito de 32 páginas, el DOJ considera necesarias «soluciones estructurales y de comportamiento» que impidan a Google utilizar productos como Chrome (su navegador), Play (su tienda de aplicaciones) y Android (su sistema operativo) para «favorecer la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google, ―incluidos los puntos de acceso y funciones de búsqueda emergentes, como la inteligencia artificial (IA)― frente a rivales o nuevos participantes».
«Para remediar plenamente estos daños no solo es necesario poner fin al control que Google ejerce hoy sobre la distribución, sino también garantizar que Google no pueda controlar la distribución del mañana», ha agregado el Departamento de Justicia. Estos ‘remedies’ llegan después de que un tribunal dictaminase que Google había ejercido un monopolio de las búsquedas en Internet. Según las pesquisas de la Justicia estadounidense, el motor de búsqueda de Google tenía una cuota de más del 90% en algunas regiones del mundo. Para el tribunal, los miles de millones invertidos en contratos de exclusividad para convertir Google en el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos como los iPhones de Apple no solo daña a competencia como DuckDuckGo o Bing (Microsoft), sino que ha desincentivado a otras compañías a desarrollar sus propios motores de búsqueda.
«Tras considerar cuidadosamente y sopesar los testimonios y pruebas, el tribunal ha llegado a la siguiente conclusión: Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio», aseguró en su veredicto el juez Amit Mehta, del Distrito de Columbia.
Los ‘remedies’ propuestos este martes por el Departamento de Justicia abordan cuatro problemas fundamentales. En primer lugar, la distribución de búsquedas y el reparto de ingresos de Google; según el DOJ, «los rivales no pueden competir por estos canales de distribución porque los pagos de participación en los ingresos financiados por el monopolio de Google desincentivan a sus socios a desviar consultas a los rivales de Google». Otras propuestas que el DOJ está considerando es la exigencia de que Google «proporcione apoyo a campañas de concienciación educativa que mejoren la capacidad de los usuarios para elegir el motor de búsqueda general que más les convenga».
De igual modo, la Justicia estadounidense también ha mostrado su preocupación por la generación y visualización de resultados de búsqueda. «Estos resultados a menudo se basan en sitios web y otros contenidos creados por terceros, que tienen poco o ningún poder de negociación frente al monopolio de Google y que no pueden arriesgarse a sufrir represalias o exclusión por parte de Google», asegura el DOJ. Otros problemas citados por el Departamento de Justicia son la escala de publicidad y la monetización de la misma o la acumulación y uso de datos para, entre otros, entrenar modelos de inteligencia artificial.
Según el DOJ, la capacidad de Google para «aprovechar su poder de monopolio para alimentar las funciones de inteligencia artificial» es «una barrera emergente a la competencia y corre el riesgo de afianzar aún más el dominio de Google». Por ello, recomiendan que la compañía ponga a disposición, en su totalidad o a través de una API, los «índices, datos, feeds y modelos» utilizados para la búsqueda de Google, incluidos los utilizados en las funciones de búsqueda asistida por IA, así como los resultados de búsqueda, las funciones y los anuncios de Google.
La respuesta del gigante tecnológico no se ha hecho esperar. En un comunicado, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, ha criticado las propuestas de la Justicia estadounidense, calificándolas de «radicales» y argumentando que «podrían tener consecuencias no deseadas» para los consumidores y la competencia en Estados Unidos. «Nos preocupa que el DOJ ya esté señalando peticiones que van mucho más allá de las cuestiones jurídicas específicas de este caso. Este caso trata de un conjunto de contratos de distribución de búsquedas. En lugar de centrarse en eso, el Gobierno parece estar persiguiendo una agenda de gran alcance que afectará a numerosas industrias y productos, con importantes consecuencias no deseadas para los consumidores, las empresas y la competitividad estadounidense», ha asegurado Mulholland.
Esta no ha sido la única noticia que ha protagonizado Google en las últimas horas. Este lunes, un tribunal estadounidense falló a favor de Epic Games y dictaminó que Google deberá abrir su tienda de aplicaciones Play a la competencia.
Google tendrá que distribuir las tiendas de aplicaciones de terceros rivales dentro de Google Play, y deberá dar acceso a las tiendas de aplicaciones de terceros rivales a todo el catálogo de aplicaciones de Google Play, a menos que los desarrolladores opten por excluirse individualmente.
En su demanda, Epic Games acusó a Google de prácticas anticompetitivas, especialmente por la política de cobrar un 30% de comisión en todas las compras dentro de las aplicaciones. Epic Games había intentado introducir su propio sistema de pagos en su videojuego ‘Fortnite’ para evitar estas tarifas, lo que llevó a la eliminación del juego de la Play Store en 2020.
Cabe recordar que Epic ganó un litigio similar a Apple en 2021 en el que se planteaban cambios similares en el funcionamiento de la App Store de la compañía de la manzana.