Sin embargo, en el mismo documento del proyecto de ley aprobado Hacienda es consciente de que este destino no es legal. El texto dice que con la medida de la quita «se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral, a través del retorno paulatino al mercado de las Comunidades Autónomas y de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en implementar su gasto».
Montero manifestó ayer, tras el Consejo de Ministros, que el primer objetivo del anteproyecto de ley, «que supone más autonomía financiera», es que haya menos deuda y más Estado del Bienestar por el que el ahorro de intereses, de entre 6.600 y 7.700 millones de euros, «irán a reforzar partidas». La ministra añadió que hay que garantizar los recursos liberados con la quita vayan a gasto social. «Los intereses ahorrados son como el resto de los ingresos que tienen las comunidades autónomas y todos están sujetos a las reglas fiscales».
El proyecto de ley aclara que «dado el alcance de esta medida (la condonación) no existe posibilidad de alcanzar finalidades parecidas mediante soluciones alternativas o de carácter no normativo». Reconoce, asimismo, que es «puntual, excepcional y no recurrente» y externa al sistema de financiación autonómica.
Sobre el destino de los intereses de la deuda condonada también es clara la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cual ya expresó sus dudas el pasado febrero cuando la condonación de deuda se presentó en el Consejo de Política Fiscal Y Financiera: «Los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas», apuntaba el organismo
