Sin embargo, desde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señalan que Hacienda todavía no ha regulado cómo invertir sus remanentes de tesorería, que suman unos 23.000 millones de euros, en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que van dirigidas preferentemente a construir viviendas sociales.
La FEMP ha realizado varias peticiones al Ministerio de Hacienda para que elabore «un marco regulatorio» o, lo que es lo mismo, que establezca las condiciones y los requisitos para utilizar esos recursos. Hasta el momento «no ha habido respuesta». La convocatoria de elecciones anticipadas ha dejado pendiente un asunto que para los municipios es de primer orden. «La principal demanda social en la actualidad es la vivienda y con nuestros ahorros podemos contribuir a satisfacerla de alguna manera», señalan las mismas fuentes.
Dada la situación preelectoral, en la FEMP creen que un real decreto-ley de urgencia, que aprobaría la Diputación Permanente del Congreso «con los votos a favor del PP», ayudaría a liberar los remanentes acumulados desde hace casi cinco años para cubrir esa necesidad social. «Si tenemos dinero que nos dejen invertirlo» sostienen.Las cuentas de los municipios, a los que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide endeudarse, han procurado tanto superávits, ya que los ingresos han superado a los gastos, como remanentes de tesorería o liquidez al cierre del ejercicio. La FEMP cuantifica estos últimos en «aproximadamente 23.000 millones de euros». «Los ayuntamientos no podemos endeudarnos pero tampoco estamos para ahorrar el dinero sin más», declaran.
La Federación que representa al 95% de los gobiernos locales del país se encuentra en la misma situación que en 2025, es decir, sin respuesta ninguna a sus reclamaciones por parte de Hacienda. Lo que ahora se reclama es que, para el caso concreto de los 23.000 millones de los remanentes de tesorería, se articule legalmente la forma de invertirlos. Gran parte de esta cantidad se invertirá en la construcción de viviendas sociales en los municipios.
El real decreto prevé que las inversiones, con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en total, se realicen durante los años 2025, 2026 y 2027. Al aprobarse en diciembre de 2025, en realidad solo han restado dos años de vigencia. Desde la FEMP llevan tiempo solicitando una prórroga con carácter indefinido de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde se recoge el destino de los superávits o de los remanentes de tesorería y sin necesidad de pasar por los Presupuestos Generales del Estado. De esta petición tampoco se ha sabido nada.
