Durante una reunión, el departamento liderado por María Jesús Montero presentó a los sindicatos un documento con diez criterios que regirán la oferta de empleo público. Estos criterios se centran en la generación de empleo público, la promoción interna, la estabilización del empleo temporal, la inclusión laboral, la digitalización, la atención al ciudadano, el fortalecimiento del ámbito de la justicia, el refuerzo de la administración local, la suficiente presencia de personal laboral, la territorialización de plazas en la administración local, y la agilización y mejora de los procesos selectivos.
Tras la reunión, el sindicato Comisiones Obreras criticó el hecho de que el documento se les entregara en el mismo encuentro. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirmó que trabajará en el documento para elaborar una oferta de empleo público que contribuya a la creación de empleo neto, al rejuvenecimiento de las plantillas y al refuerzo de la atención ciudadana.
CSIF se comprometió a ajustar las cifras de la oferta y adaptarlas a las necesidades de la administración, asegurando que se tengan en cuenta todas las bajas ocurridas en el último año y se planifiquen las necesidades de cada ámbito. Además, CSIF exige que se cumplan los acuerdos pendientes de la oferta de empleo público del año pasado, como la promoción interna y la convocatoria de plazas correspondientes a 2020 y 2021, que incluyen alrededor de 6,000 plazas tanto para personal laboral como para funcionarios.
Por otro lado, CCOO insiste en la necesidad de realizar un diagnóstico y una identificación global de los problemas de las plantillas, y considera que es urgente incorporar un volumen adicional de empleo. También resalta la importancia de contar con datos precisos y desglosados por género sobre las bajas ocurridas en el período anterior.
Sin embargo, denuncian que la Administración pospone la entrega de esta información incluso para la próxima reunión programada el lunes 10. CCOO recuerda que la oferta de empleo público debía haberse publicado en el primer semestre de 2023 y critica que este retraso no justifica una imposición precipitada.
