Por su parte, las entidades bancarias han desembolsado por el mismo concepto otros 637,1 millones. En total, 1.454 millones de euros correspondientes al pago anticipado, un desembolso a cuenta que las compañías afectadas tenían que hacer en febrero. Así lo ha avanzado este martes la titular de Hacienda. “Ayer, concluido el plazo para el primer pago anticipado, las empresas tenían que avanzar el 50% de la cuota prevista para todo el año y los resultados han sido muy positivos”.
Estas cifras, ha añadido Montero, permitirán al Gobierno cumplir con los objetivos de recaudación de la prestación de carácter no tributario. En un principio, cuando dio a conocer la puesta en marcha de los impuestos, el Ejecutivo aspiraba a ingresar 3.500 millones de euros cada ejercicio con los dos gravámenes. Finalmente, durante la tramitación parlamentaria que dio luz verde a las figuras, la previsión de recaudación anual se rebajó a los 1.700 millones en el caso de las energéticas y 1.300 millones en banca, una cantidad “algo menor de la inicial”. Las cifras iniciales, por ello, “anticipan una recaudación real anual superior a los 2.900 millones entre estos dos conceptos”. “Estamos hablando de un grado de ejecución del 97% como mínimo, porque creemos que vamos a superar incluso esos 3.000 millones”, ha añadido la ministra.
Tras dar a conocer los números, Montero ha hecho una defensa acérrima de los dos gravámenes, “que tratan de pedir un esfuerzo adicional a quien más tiene”. Para ello, la titular de Hacienda ha recordado los abultados resultados que están presentando estos días las grandes empresas de estos dos sectores. Los bancos tuvieron más de 20.500 millones de beneficios en 2022, “una cifra inédita”. “Si tomamos como comparación los dos principales grupos españoles, su cifra de negocio se ha incrementado un 25% frente al año anterior”. Las compañías energéticas, de su lado, “reflejan un incremento del 43%”. Son casi 12.000 millones de beneficios, teniendo en cuenta que varias han presentado resultados únicamente hasta septiembre. Por eso, esa cifra aumentará “a medida que se conozcan los resultados de año completo”.
Por todo ello, ha señalado Montero, la recaudación de ambas figuras es “una cantidad asumible” para todas estas compañías ante el volumen de beneficios extraordinarios registrado. El impuesto “no puede considerarse confiscatorio, es totalmente proporcionado”.
Todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros como resultado de sumar su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deben abonar el 4,8% de los ingresos derivados de ese concepto a través del modelo 798. Por su parte, las energéticas están sujetas al gravamen si su cifra de negocio superó los 1.000 millones de euros en 2019. En este caso, el tipo será del 1,2% y la declaración se presentará con el modelo 796 a la espera de que en septiembre se realice la autoliquidación final. Es decir, el pago definitivo de los nuevos tributos (con el 50% restante) se presentará del 1 al 20 de septiembre con los modelos 795 para el gravamen temporal energético y 797 para el gravamen financiero.
El pago de los gravámenes se produce días después de que la Audiencia Nacional rechazara suspender cautelarmente de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla los modelos para la declaración y pago anticipado de los impuestos temporales para las empresas energéticas y los bancos, solicitada por Repsol. Esta orden, en paralelo, también incluye la tasa temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, un tributo que afectará a unos 23.000 altos patrimonios de España, a partir 3 millones de euros de riqueza neta. Montero, de nuevo, ha defendido la puesta en marcha de este impuesto, diseñado para neutralizar las bonificaciones y descuentos que aplican en Patrimonio algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Andalucía y parcialmente Galicia.
“Quienes se oponen a que las grandes empresas con beneficios extraordinarios o las grandes fortunas contribuyan más en estos momentos deben decir claramente a los ciudadanos a quiénes van a pedir ese esfuerzo”, ha apuntado la ministra. Todos esos ingresos fiscales que dejan de recibirse por las bonificaciones, ha añadido, son recursos que dejan de destinarse a servicios sociales, sanidad o educación. La titular de Hacienda, en concreto, se ha referido a los casos de Madrid y Andalucía, cuyos gobiernos han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre las grandes fortunas. Lo que hacen estos gobiernos “es defender a una minoría de contribuyentes frente al refuerzo de la sanidad pública, de la educación o de la dependencia”.
