Este informe, cuyo autor es el profesor Luis Alfonso Camarero Rioja, catedrático de la UNED, nace de la preocupación acerca de las dificultades y limitaciones en la prestación de servicios para quienes residen o transitan por las áreas rurales y aborda, entre todas las dimensiones que configuran el problema, de forma específica la cuestión de la inclusión financiera. En el mismo, se analiza los desafíos de acceso a servicios financieros en las áreas rurales de España, afectados por diversos factores como la despoblación, el envejecimiento y la limitada cobertura telemática. También pone de relieve los avances significativos del sistema financiero español en la lucha contra la exclusión financiera, gracias a innovadoras iniciativas y al esfuerzo conjunto de entidades bancarias, que han garantizado la accesibilidad a los servicios bancarios en comunidades de difícil acceso. Asimismo, el informe realiza una comparación con otros servicios básicos públicos y privados, y evalúa las medidas y soluciones implementadas para abordar esta situación y promover la inclusión financiera.
España, al igual que otros países avanzados, se enfrenta a un desafío significativo en la prestación de servicios en áreas rurales, especialmente debido a la baja densidad poblacional y el proceso de despoblación que afecta particularmente a las zonas del interior peninsular. Desde comienzos del siglo XXI la población residente en el estrato de municipios más pequeños se ha reducido hasta la actualidad en un 10%. Estos municipios suponen el 80,7% del territorio, pero solo concentran el 20% de la población española. A esto se suman las complicaciones orográficas del país, que dificultan aún más el acceso a zonas remotas. Estos factores, junto con la limitada cobertura telemática y el envejecimiento de la población, han aumentado las barreras de acceso a los distintos servicios y recursos.
▪ España es uno de los países con mayor inclusión financiera de la Unión Europea con más del 99% de la población con acceso a servicios financieros básicos, y con una densidad de oficinas en relación con la población superior a Europa (3,7 oficinas bancarias por 10.000 habitantes frente a la media UE de 2,9).
▪ España lidera en Europa la accesibilidad a servicios bancarios con soluciones innovadoras tales como “Ofibuses” y agentes financieros, posicionándola como un referente en accesibilidad bancaria, lo que fomenta el desarrollo económico y social en las áreas rurales.
▪ El acceso a servicios bancarios en áreas rurales mantiene unos niveles no inferiores a las de otros servicios básicos esenciales como son la atención sanitaria y la educación.
▪ La digitalización y la mejora de infraestructuras tecnológicas seguirán siendo esenciales para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios bancarios, independientemente de su ubicación, en el actual contexto de despoblación que registra algunas áreas rurales de España.
A pesar de los avances, el informe también resalta la necesidad de continuar abordando la brecha digital que afecta a las zonas rurales. La cobertura de internet de alta velocidad presenta una disparidad considerable entre las áreas urbanas y rurales. Mientras que en las grandes ciudades más del 85% de la población tiene acceso a internet de alta velocidad, en los municipios más pequeños y dispersos este porcentaje no supera el 50%. Esta brecha en conectividad sigue siendo un desafío para el desarrollo de servicios bancarios electrónicos y otros servicios digitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la mejora de infraestructuras tecnológicas en estas regiones.
Por otra parte, la prestación de servicios bancarios en áreas rurales en España se caracteriza por una mayor proximidad, manteniendo una presencia destacada en muchas de estas poblaciones en términos comparativos con otros países y otro tipo de servicios públicos y privados, lo que ha sido fundamental para garantizar el acceso a servicios financieros esenciales. Sin embargo, la distribución territorial de los servicios financieros en España ha estado condicionada por factores estructurales y coyunturales, lo que ha generado ciertos obstáculos, especialmente en los municipios más pequeños. En este sentido, España se posiciona como el tercer país con mayor número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, alcanzando un valor de 3,7 respecto a la densidad de población, lo que coloca al país por encima de la media europea (2,9). Este indicador refleja una mayor presencia de sucursales bancarias en comparación con otros países del continente, subrayando el compromiso de España con la inclusión financiera, incluso en las zonas rurales más remotas.
El acceso a los servicios financieros en las áreas rurales de España muestra una distribución más equitativa en comparación con otros servicios públicos esenciales. Según el informe, solo el 0,8% de la población de municipios con menos de 10.000 habitantes carece de un punto de extracción de efectivo como una sucursal, cajero, estafeta o farmacia, lo que es tan solo ligeramente superior a la provisión de servicios de atención primaria de salud (0,2%) y significativamente menor que la carencia de servicios de atención especializada (45%) o educación básica (2%). Este dato subraya el esfuerzo del sistema financiero para garantizar que incluso las comunidades más alejadas puedan acceder a los servicios bancarios, lo que contrasta con las mayores dificultades que enfrentan otros servicios en cubrir las necesidades de las zonas rurales.
España ha adoptado diversas iniciativas tanto del sector privado como mediante colaboraciones público-privadas y políticas gubernamentales, alineándose con las mejores prácticas internacionales para combatir la exclusión financiera. En particular, el país destaca por su compromiso con la implementación de un amplio conjunto de estrategias, que incluyen desde redes de cajeros automáticos compartidos hasta subvenciones públicas y oficinas móviles, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios financieros en todas las regiones.
Los resultados del esfuerzo conjunto entre el sector bancario son notables. Entre 2022 y 2023, el número de municipios sin acceso a servicios financieros presenciales se redujo en un 38,4%, pasando de 4.401 a 2.713, lo que permitió disminuir la población excluida de estos servicios en un 71,5%. Esta disminución es un reflejo claro del éxito de las iniciativas como los puntos de cash-back en comercios y las nuevas instalaciones de cajeros automáticos, que han mejorado la cobertura en zonas rurales, donde tradicionalmente el acceso al efectivo era más limitado.
De igual forma, en el informe se resalta que una de las medidas más exitosas para mejorar el acceso a los servicios financieros en territorios rurales ha sido el uso de oficinas móviles (“ofibuses”) y agentes financieros. Estos servicios han proporcionado soluciones bancarias esenciales en comunidades pequeñas, especialmente en municipios con menos de 500 habitantes. En 2023, el número de municipios con acceso a estos servicios aumentó a 827, lo que representa un incremento de 112 respecto al año anterior. Esta expansión ha sido clave para reducir la exclusión financiera en las zonas más remotas del país.
Otro de los objetivos clave de este Informe, lanzado en 2022, ha sido garantizar el acceso al efectivo en todos los municipios con más de 500 habitantes, mediante la colaboración con servicios postales y comercios locales. La colaboración con Correos ha sido esencial para ampliar esta red de atención, sumando más de 4.600 puntos en áreas rurales dispersas, lo que ha facilitado la retirada de efectivo y mejorado el acceso a servicios financieros básicos para más de 300.000 personas. Esta estrategia ha tenido un impacto positivo en la inclusión financiera, reflejándose en el aumento de oficinas y cajeros automáticos en las zonas rurales. Además, se está evaluando la incorporación de otros servicios esenciales, como las farmacias, que, por su distribución uniforme en áreas rurales, podrían servir como puntos adicionales de acceso al efectivo.
El informe concluye destacando que la colaboración entre las entidades bancarias, los actores públicos y otros agentes sociales ha sido fundamental para reducir la exclusión financiera en las zonas rurales españolas. La implementación de soluciones innovadoras como las oficinas móviles y la red de cajeros automáticos ha sido clave para lograr que millones de personas en las zonas más remotas del país tengan acceso a los servicios bancarios más básicos.
Las soluciones innovadoras implementadas, como las oficinas móviles («ofibuses») y la red de cajeros automáticos, han jugado un papel fundamental en la expansión de la cobertura financiera en zonas rurales, contribuyendo a que España se mantenga a la vanguardia de Europa en términos de accesibilidad financiera. Estos avances no solo han demostrado la capacidad de adaptación del sistema financiero español, sino que también subrayan el compromiso del sector con la inclusión de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica.
El compromiso del sistema financiero español con la inclusión financiera en áreas rurales sigue siendo fuerte, y el país continúa liderando en Europa con su enfoque de diversificación y colaboración. El sector bancario español, que ha dado muestra de su capacidad de innovación y responsabilidad social, sigue liderando en Europa con su enfoque de diversificación y colaboración entre entidades, servicios postales y comercios locales. A medida que el país continúa avanzando hacia una mayor digitalización, se espera que la conectividad en áreas rurales siga mejorando, lo que permitirá ofrecer soluciones aún más accesibles a las comunidades más aisladas.
En un contexto global en el que la inclusión financiera se ha convertido en una prioridad, el sector financiero español sigue comprometido con garantizar que ningún ciudadano quede atrás. El esfuerzo por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio, junto con la mejora de la infraestructura tecnológica, asegura un futuro más inclusivo y accesible para todos. Así, España continúa consolidándose como un referente en el acceso a los servicios bancarios, demostrando que un sistema financiero inclusivo no solo es posible, sino también fundamental para el progreso económico y social del país.
