Los conflictos y tensiones recientes han devuelto la guerra convencional al continente y reconfigurado las prioridades de seguridad de la Unión Europea. Rusia no representa solo una amenaza militar directa, sino también un desafío sistémico que combina la fuerza armada con una estrategia híbrida de desinformación, sabotaje, ciberataques y desestabilización política. La estrategia adoptada por Moscú pone en riesgo el equilibrio militar con Europa y obliga a los Estados miembros a reconsiderar la naturaleza de su defensa colectiva.
A esta presión se suma el cambio en la actitud de los Estados Unidos hacia la seguridad europea, que ha insistido en que sus aliados europeos aumenten su gasto en defensa más allá del 2% del PIB. Aunque la cumbre de la OTAN, de junio de 2025, ha contribuido a restablecer la confianza con sus socios europeos, el mensaje implícito de Estados Unidos es que los europeos deben asumir la responsabilidad principal de su defensa convencional, mientras Washington concentra sus recursos en el Indo-Pacífico y la contención de China.
En este contexto, la Unión Europea se ve forzada a redefinir su papel como actor estratégico autónomo. Europa necesita aumentar sus capacidades para poder enfrentarse a su nuevo entorno de una manera coordinada, evitando la fragmentación característica europea que ha debilitado su potencia militar. La «autonomía estratégica europea» busca que la UE desarrolle suficientes capacidades propias para actuar en seguridad y defensa sin depender, de manera desproporcionada, de socios externos. Sin embargo, la realidad industrial y militar del continente todavía no está cerca de ese objetivo. Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de material militar para Europa, suministrando sistemas cuya producción interna se considera demasiado compleja o costosa. Esta dependencia tecnológica y operativa demuestra la vulnerabilidad estratégica del continente y limita la aspiración a una defensa realmente europea.
La autonomía estratégica europea solo será viable si se apoya en una industria y en una estructura empresarial competitiva en la que se produzcan economías de escala, se fomente la investigación, el desarrollo y la innovación y, aumente el tamaño de la industria a través de alianzas estratégicas, consorcios, fusiones y adquisiciones, redes empresariales o clústeres. El elemento central no es solo el aumento del gasto, sino su orientación a través de programas de compra conjunta y programas cooperativos para reducir fragmentación de la demanda, con estándares comunes que permitan interoperabilidad y producción a escala y con una visión de medio y largo plazo que reduzca la incertidumbre empresarial.
En este marco de transformación, España ocupa una posición estratégica. Como miembro de la UE y de la OTAN está llamada a participar activamente en la evolución del sector europeo de defensa y a fortalecer su propia base industrial y tecnológica. España está ante la oportunidad de estar el frente del núcleo industrial europeo. Siendo la cuarta potencia industrial de la Unión Europea, pero su industria de defensa sigue por detrás de Francia, Alemania o Italia.
La industria de seguridad y defensa es uno de los sectores con mayor complejidad tecnológica y mayor capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía. Su impacto se extiende a industrias clave como la aeroespacial o la electrónica, lo que la convierte en un sector industrial estratégico de alto valor añadido para las economías avanzadas. Los sistemas de defensa presentan ciclos de vida muy largos, que pueden alcanzar hasta cuarenta años, lo que exige inversiones continuas en mantenimiento, actualización y modernización. Esta característica favorece la creación de empleo estable y altamente cualificado, y consolida al sector como un motor sostenido de actividad industrial y desarrollo tecnológico a largo plazo.
En España, la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) se caracteriza por una elevada concentración empresarial y una fuerte orientación hacia los mercados exteriores. En 2023, según el Ministerio de Defensa, este sector superó los 8.000 millones de euros en ventas, con un claro protagonismo de los segmentos aeronáutico, naval y auxiliar, que concentraron más del 70% del total. Ese mismo año, la industria generó cerca de 217.000 empleos, de los cuales 31.865 fueron directos. Dentro de este ecosistema, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental. Aunque representan el 79,3% de la BITD, su relevancia no reside tanto en el volumen como en su aportación tecnológica, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad, los sistemas autónomos o los componentes electrónicos.
Si a la industria de la defensa le añadimos la industria de seguridad, aeronáutica y espacial, según la TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio), la facturación ascendió a los 16.513 millones de euros en 2024, lo que representa el 2,3% de la cifra de ventas totales de la industria española. En términos económicos, el multiplicador del impacto de estos sectores sobre el conjunto de la economía es muy relevante. Por cada euro de producción vinculado a las industrias TEDAE, se generan más de 2,2 euros de PIB en el conjunto de la economía. Asimismo, las actividades TEDAE contribuyen aproximadamente en un 30% al total del gasto en I+D+i del sector industrial en España.
Para reforzar su posición estratégica, España debe avanzar en la integración de las pymes en las cadenas europeas de valor, intensificar la cooperación tecnológica y apoyarse en los instrumentos financieros de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Defensa (EDF), el Programa Industrial de la Defensa Europea (EDIP) y el Security Action for Europe (SAFE). Solo así será posible consolidar una industria de defensa más diversificada, innovadora y coherente con el objetivo de la autonomía estratégica europea, así como optimizar los recursos públicos destinados al gasto en defensa y seguridad.
El desarrollo y fortalecimiento de la industria de seguridad y defensa en nuestro territorio europeo exige un volumen de inversión considerable y sostenido en el tiempo que trasciende la capacidad de los presupuestos públicos, dadas la situación actual de las finanzas públicas de algunos de los principales socios comunitarios. En este sentido, la participación del capital privado y la colaboración público-privada desempeñan un papel esencial. La inversión privada no solamente actúa como una fuente adicional de recursos financieros, sino como que es un elemento central para garantizar una adecuada orientación de los recursos y las tecnologías, una mejora de la eficiencia de los procesos, así como una óptima escalabilidad y competitividad del sector en su conjunto.
La movilización de fondos privados en el ámbito de la seguridad y la defensa, no obstante, enfrenta algunos obstáculos. Estos obstáculos limitan la viabilidad financiera de los proyectos empresariales, reduciendo la capacidad de atracción del capital hacia el sector de la defensa y la seguridad para inversores no especializados, a pesar de la creciente relevancia estratégica y económica de la industria. En este contexto, establecer unos marcos regulatorios claros y previsibles, una mayor visibilidad de la demanda en el medio y largo plazo y mecanismos fiscales que amplíen el conjunto de inversores con distinto perfil riesgo-retorno.
La coordinación entre las políticas industriales, financieras y de defensa es fundamental para generar señales positivas al mercado y favorecer la estabilidad respecto a las inversiones. Especialmente si hablamos de proyectos intensivos en capital, con un horizonte temporal a largo plazo y con tecnología en desarrollo o avanzada. De igual forma, las herramientas clave que se plantea es el diseño de instrumentos financieros que permitan una combinación de recursos públicos y privados. Entre estos se han de considerar los esquemas de financiación mixta, garantías de coinversión y apoyo a la estructuración de proyectos. Estos permiten mitigar los riesgos iniciales y atraer capital privado hacia segmentos estratégicos de la cadena de valor de la industria.
Entre los múltiples retos que supone la consolidación y auge de la industria de la defensa para la economía española, destacan:
• Asegurar que el aumento de los recursos públicos y privados se transformen en un motor de desarrollo industrial y tecnológico sostenido en el tiempo, consolidando un sector industrial competitivo, tecnológicamente avanzado y generador de empleo cualificado.
• Ante el riesgo de fragmentación del mercado europeo de la defensa, la economía española debe participar en mayor medida en los grandes programas europeos. Para ello, es necesario reforzar nuestra capacidad para participar en múltiples consorcios transnacionales y plataformas industriales conjuntas.
• La autonomía estratégica de la economía española también se ve limitada debido a la persistente dependencia tecnológica. Por ello, es preciso reforzar el Ecosistema Nacional de Innovación español y fomentar la capacidad de cooperación entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.
También representa una serie de oportunidades estratégicas para la economía española. Entre ellas se han de destacar:
• La canalización de un mayor volumen de recursos financieros a través de nuevos instrumentos europeos que permitirían la modernización de la Base Industrial y Tecnológica de nuestra industria de defensa.
• La economía española puede lograr consolidar sectores de la industria de la defensa como referentes a escala europea, si se orienta la reindustrialización de la defensa hacia nichos con una mayor ventaja comparativa en el marco europeo, como puedan ser el sector naval, la industria aeronáutica, la ciberseguridad o los sistemas de mando y control.
• España dispone de una posición geoestratégica que le permite desempeñar un papel crucial como enlace entre el norte y sur de Europa.
