Así se desprende del Informe de Fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gastos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consultado y analizado por El Debate, en el que se señala expresamente que «se desconoce el estado real de ejecución» de los proyectos analizados debido a que la cartera que rige Redondo no aportó la información solicitada durante los trabajos de control.
En concreto, el Tribunal se refiere al proyecto que contempla la provisión de, al menos, 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento y protección, el desarrollo de una nueva aplicación para las víctimas y una plataforma de ‘big data’ e inteligencia artificial para reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta entidad señala que la ejecución de estas medidas seguía en curso en el momento de la fiscalización. Sin embargo, advierte de que no pudo comprobar su grado de desarrollo porque el Ministerio no remitió datos sobre su situación.
La misma situación afecta al denominado «Mejora integral del sistema de dispositivos de control de las medidas de protección a las mujeres víctimas», conocido como pulseras antimaltrato. Esta actuación contó con una dotación de 14,1 millones de euros en 2022 y de cerca de 29 millones en 2023.
Durante el periodo fiscalizado, este proyecto se ejecutó mediante el contrato para el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, formalizado el 6 de noviembre de 2023 por un importe de adjudicación de 35,2 millones de euros, IVA excluido.
No obstante, el Tribunal de Cuentas vuelve a advertir de que «se desconoce el estado real de ejecución» de este proyecto porque el Ministerio tampoco facilitó información sobre su desarrollo durante la fiscalización.
La Fiscalía General del Estado alertó en su Memoria Anual de 2024 de que el sistema de seguimiento telemático de los maltratadores con órdenes de alejamiento había detectado ciertos fallos e incidencias que podían acarrear el sobreseimiento de las causas y la absolución de los agresores. Aunque la ministra de Igualdad, Redondo, afirmó que estos «fallos técnicos» del sistema, dependiente de su departamento, se resolvieron y que ningún agresor quedaría impune por estas incidencias, la realidad es que en el Centro de Documentación Judicial constan al menos una decena de sentencias en las que se absuelve al agresor por los fallos en las ya conocidas como pulseras antimaltrato.
