El documento da tan solo seis meses al Gobierno para sacar adelante dos medidas guardadas en el cajón: la reforma de la financiación autonómica y la quita del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En principio, ambas iniciativas se ratificarán en la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará mañana en Madrid. Pese a que ambas propuestas forman parte de los pactos entre socialistas y republicanos —la quita del FLA ya se negoció en noviembre de 2023, cuando Pere Aragonès aún presidía la Generalitat de Cataluña—, hasta ahora no han iniciado su tramitación parlamentaria debido a la falta de apoyos en las Cámaras, fundamentalmente por la oposición de Junts. La coincidencia con varias citas electorales en CCAA también ha retraído al PSOE de cumplir sus compromisos.
Pero ahora los independentistas elevan la presión sobre Sánchez para que haga honor a los pactos. El detalle del documento suscrito por Oriol Junqueras y Salvador Illa es meridiano: «Durante el segundo semestre de 2026, se deben tramitar y aprobar las iniciativas legislativas necesarias para que el nuevo modelo de financiación acordado con el Ministerio de Hacienda pueda estar vigente para el ejercicio del 2027».
Estas iniciativas atañen sobre todo a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (conocida por sus siglas LOFCA). Pese a que la transferencia de la gestión del IRPF decayó del nuevo sistema de financiación pactado entre ERC y el Gobierno, el acuerdo de presupuestos explicita que «se trabajará conjuntamente para que las leyes que se acaben aprobando en el Congreso de los Diputados incorporen la delegación de competencias en la recaudación del IRPF».
Esta misma mañana, la consellera de Economía, Romero, ha reconocido que la Agencia Tributaria de Cataluña aún no está preparada para asumir la gestión del IRPF. «Supondría pasar de 5.000 a 30.000 millones de euros bajo gestión», ha dicho, añadiendo que en estos momentos «no tenemos a ningún informático» en el organismo fiscal autonómico. De hecho, el Govern ya aplazó esta cesión para el año 2028 en el plan director de la ATC y, según Romero, ese año solo se asumirían «funciones de forma progresiva». Pese a ello, ERC no está dispuesta a renunciar al IRPF, como tampoco a la quita del FLA. «Dentro del primer semestre de 2026 deberá iniciarse el debate parlamentario del proyecto de ley que permitirá la condonación parcial de la deuda del FLA, con el objetivo de que la condonación pueda ser de aplicación para el ejercicio 2027», consta en el documento.
Respecto al apoyo de los comunes, Romero ha afirmado que los de Albiach son un «partido exigente» aunque ha recordado que antes del fallido proyecto de presupuestos presentado en marzo ya se suscribió una entente con los izquierdistas. «Grandes márgenes económicos no tenemos», ha reconocido. En los últimos días, los comunes han reclamado el freno a la línea de tren R-Aeroport y una proposición de ley sobre la llamada Tasa Zucman para dar su sí a las cuentas públicas.
Al margen de las grandes reformas económicas, a las que hay que sumar el refuerzo para la Agencia Tributaria de Cataluña a través de un contrato-programa, el acuerdo entre ERC y PSC incorpora otras medidas enfocadas al gasto social como un plan trienal de 160 millones de euros al año para rehabilitar el parque residencial o una inversión de 400 millones para climatizar un centenar de centros. Además, se crearán 450 nuevas aulas de acogida.
Las medidas en el ámbito educativo pretenden apaciguar las huelgas de docentes en marcha en Cataluña, aunque Romero ha recordado que ya se alcanzó un acuerdo salarial de 500 millones con las secciones educativas de CCOO y UGT —sindicatos minoritarios en las aulas—.
En materia de educación universitaria, se incrementará en 60 millones de euros la financiación ordinaria de las universidades públicas hasta 2028. El acuerdo también prevé la transformación del Carnet Jove para que se convierta en una herramienta pública, universal y gratuita de relación entre la Generalitat y los jóvenes.
En el ámbito de los servicios públicos, los presupuestos contarán con un fondo extraordinario de 250 millones de euros para reducir el gasto desplazao en salud y mejorar así el funcionamiento del sistema sanitario. Además, se incrementarán los recursos para el modelo de salud mental infantil y juvenil, ampliando las plazas de formación especializada.
El pacto prevé la concertación con el Estado de la financiación para ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030. También se incluye el despliegue de 180 nuevas plazas de jueces en el bienio 2026-2010.
En el capítulo de las infraestructuras, se incluyen proyectos estratégicos como la línea orbital ferroviaria, la creación de la Societat Mercantil d’Inversions —que sustituirá al fracasado Consorci d’Inversions que no superó su primera votación en el Congreso— y la reformulación del accionariado del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Además, se prevén 400 millones de euros para la regeneración urbanística de 730 pueblos con menos de 5.000 habitantes a un año de las elecciones municipales.
Asimismo, se abre la puerta a crear una Autoritat Portuària de Catalunya para incrementar las competencias de la Generalitat en este ámbito y a retocar la gobernanza en el ámbito aeroportuario.
En cualquier caso, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026 observan tanto el objetivo de déficit (0,1%) como la regla de gasto (3,2%). Las nuevas cuentas públicas son las primeras de Illa y las primeras que Cataluña tendrá actualizadas desde el año 2023.
