El plazo de enmiendas acaba el miércoles y no se va a volver a prorrogar, según fuentes conocedoras de la negociación, puesto que para el Gobierno es prioritario tener en vigor antes de que acabe el año la directiva del tipo mínimo, que ya va con un año de retraso y un expediente abierto en Bruselas por incumplimiento.
La tramitación del proyecto y sus enmiendas todavía tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda y el pleno del Congreso lo que da una semanas de margen a la negociación.
La situación se ha complicado esta semana después de que el consejero delegado de Repsol, Imaz, amenazara con retirar inversiones, lo que ha desatado las advertencias por parte del ámbito empresarial y del financiero que esgrimen cifras que suman 66.000 millones de euros. La patronal bancaria calcula una pérdida de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario y los operadores de productos petrolíferos dicen que podrían frustrarse las inversiones de 16.000 millones previstas hasta 2030, mientras que las grandes eléctricas aún no han hecho cuentas.
La vicepresidenta Montero, criticaba este viernes la «sobreactuación» de las empresas, después de que la presidenta del Santander, Botín, dijera que el impuesto a la banca va en contra del crecimiento del país y de que Cepsa confirmara que dará prioridad a sus proyectos en otros países si se mantiene el energético.
Junts se ha opuesto a la continuidad del impuesto energético por el temor a que se frenen inversiones previstas en Cataluña, mientras que el PNV ha mostrado sus reticencias a mantener un gravamen cuando ya no se dan las circunstancias que lo impulsaron.
Montero ha confiado en superar las discrepancias con los grupos y en el caso de Junts ha considerado que se abre una oportunidad de diálogo una vez celebrado su congreso político este fin de semana.
Los gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas se adoptaron temporalmente en un momento en que la subida de los precios del petróleo tras la guerra de Ucrania y el alza de los tipos de interés estaban proporcionando a estos sectores ganancias extraordinarias. Las Cortes le dieron el visto bueno para los ejercicios 2022 y 2023, junto con el recargo de solidaridad a las grandes fortunas, y lo prorrogaron un año más que vence ahora (el de las grandes fortunas se extendió de forma indefinida). El debate parlamentario en aquel momento fue una confrontación ideológica entre derecha e izquierda, entre quienes defienden que la pobreza se reduce creando más riqueza y los que creen que hay que transferir rentas desde quienes más tienen a los más vulnerables.
El PNV se abstuvo entonces y se situó en un posición más pragmática, ya que no quiso apoyar un diseño deficiente que abocaba dichos impuestos a la nulidad.
Ahora podría no interferir en su continuidad si se establece como impuesto dentro del concierto vasco, lo que permitiría al gobierno autonómico modificar los tipos de gravamen o bonificarlos. El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar en 2023, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales pasaran a ser permanentes con un diseño que ni siquiera las dos formaciones en el Gobierno han sido capaces de cerrar.
Los socialistas quieren que el tributo energético incorpore deducciones por inversiones estratégicas y que el de la banca se acople a los ciclos de los tipos de interés, algo a lo que Sumar se niega.
En el debate ha entrado el gobernador de España, Escrivá, que ha abogado por que el impuesto a la banca permita descontar las provisiones para que sea lo más neutral posible. Este año, los gravámenes han recaudado 2.859 millones de euros con cargo al ejercicio 2023, de los que 1.695 millones corresponden al bancario (que grava el margen de intermediación) y 1.164 millones al energético (que grava los ingresos de las actividades no reguladas en España).
