El ministro de Economía, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la senda de crecimiento del gasto entre los años 2025 y 2028 será del 3 % anual, mientras que entre los años 2014 y 2018 fue del 2,5 % año a año. Esas nueve décimas más de crecimiento le permitirán gastar 6.000 millones más al año de lo que se gastaba en los años en los que gobernó Rajoy, según ha dicho el ministro.Aunque el retorno de los límites de deuda y déficit ya ha vuelto a estar vigente en Europa y su cumplimiento progresivo será controlado desde Bruselas, Cuerpo piensa que no habrá problemas en que su nuevo plan presupuestario sea aprobado por la Comisión, ya que «España tiene ahora un nivel de credibilidad muy alto de su cumplimiento. Estamos en el grupo de buenos alumnos, sin desequilibrios económicos ni déficit excesivo. Dialogamos desde hace semanas con la Comisión», ha indicado. Afirma que han presentado «un plan realista para reducir el déficit y para hacerlo compatible con el crecimiento. Esperamos que tenga una valoración positiva. Nos hemos ganado nuestra credibilidad en los últimos años».
El ministro ha confirmado también que ha enviado a Bruselas y que se prorrogará el impuesto a la banca y a las empresas energéticas, algo que no gustará a algunos de quienes permiten la continuidad del Gobierno actual, como Junts o PNV. La permanencia de estos dos gravámenes -que han recaudado 2.859 millones este año- ya fue pactada con Sumar como parte del acuerdo de investidura e implica convertirlos en impuestos a través de una ley. Este proceso aún no ha comenzado, por lo que es difícil que pueda concluirse antes de final de año. Para evitar que los gravámenes temporales decaigan a final de año, el Gobierno podría optar por prorrogarlos hasta que se aprueben las eventuales leyes que los conviertan en impuestos.
Aunque no ha dado detalles, el ministro ha apuntado que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja «margen» para «realizar medidas de reforma en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento» económico.
Cuerpo ha recordado que el elemento clave de las nuevas reglas es el gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos), y que quedará limitado a un aumento al 3,7 % en 2025, el 3,5 % en 2026, el 3,2 % en 2027, el 3 % en 2028, el 3 % en 2029, el 2,5 % en 2030 y el 2,4 % en 2031. El ministro ha señalado que este aumento equivale a un incremento del gasto computable del 3,4 % en el periodo 2025-2028 y del 3 % en el periodo 2025-2031, es decir, que permitirá gastar cada año 6.000 millones adicionales al promedio 2014-2018.
Esta limitación del gasto reducirá el déficit público de manera «progresiva», desde el 3 % del PIB previsto para este año al 2,5 % en 2025, 2,1 % en 2026, 1,8 % en 2027, 1,6 % en 2028, 1,5 % en 2029, 1,2 % en 2030 y 0,8 % en 2031.
Por lo que respecta a la deuda pública, bajará al 102,5 % del PIB este año al 98,4 % en 2027 y el 90,6 % al final del periodo de ajuste, en 2031, lo que la situará en una senda descendente que la reducirá al 76,8 % del PIB en 2041. Aunque el plan es a cuatro años -habrá que presentar otro nuevo para 2029-, el periodo de ajuste se plantea a siete años para que sea más suave, ha explicado Cuerpo, una posibilidad permitida por la Comisión Europea siempre que vaya acompañado de un programa de reformas e inversiones.
Entre estas reformas figuran temas «de total prioridad» como la vivienda, la inmigración o el clima de negocios, que Cuerpo no ha detallado, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones, ya implementada.
El ministro ha insistido en que estos compromisos de ajuste son compatibles con la senda de estabilidad planteada por el Gobierno y ha confiado en lograr un acuerdo parlamentario respecto al reparto entre subsectores del déficit del 2,5 % del PIB permitido para 2025
