Lo ha hecho por videoconferencia, pues es exjefe de ETA ha comparecido desde los juzgados de Bayona, en Francia, donde tiene un juicio pendiente a la espera de su entrega a España por varias causas. Según fuente jurídicas, «Josu Ternera» -que ha estado representado también en la Audiencia Nacional por el letrado Gonzalo Boye- se ha limitado a pedir un traductor de euskera y a comunicar al instructor que se acogía a su derecho a no declarar. Sí ha querido intervenir su abogado en Francia, quien ha pedido permiso al juez para efectuar unas alegaciones. Su intención, según las fuentes consultadas, era poner de manifiesto que dado que Francia no ha autorizado que se le investigue por estos hechos (Pedraz cursó en diciembre una nueva OEDE con este objetivo, que la Justicia gala examinará el 25 de febrero) el procesamiento no era pertinente.
Pero, según las fuentes consultadas, el instructor no le ha permitido realizar esa declaración.
El juicio del «caso herriko tabernas» se celebró en 2013 y se saldó con una veintena de condenados, pero entonces «Josu Ternera» estaba huido de la Justicia española, pues no fue detenido en Francia hasta 2019. Tras analizar la documentación intervenida al exdirigente etarra tras su arresto, Pedraz amplió su procesamiento por estos hechos al considerarle «uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA» desde que huyó de España en 2002 y su pista se perdió para las Fuerzas de Seguridad y hasta su detención en 2019. La documentación que se le intervino en el país vecino, sostiene el magistrado de la Audiencia Nacional, «estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes».
El exjefe de ETA, de 74 años, se encuentra desde entonces en Francia pendiente de un juicio que tenía que haberse celebrado en octubre del pasado año, pero que tuvo que ser aplazado al próximo abril por motivos de salud. En España, está reclamado -entre otros- por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que fueron asesinadas once personas (cinco de ellas menores de edad) y por el atentado contra la terminal T4 del aeropuerto de Barajas que el 30 de diciembre de 2006 puso fin a la tregua de ETA bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
