La Fiscalía defiende que, si se da por buena la tesis de la defensa del expresidente, las joyas se convirtieron en «caudal público» cuando Zapatero las aceptó en Moncloa en 2007, y después se «apropió» de ellas «con ánimo de lucro», por lo que ha pedido imputar un delito de malversación de caudales públicos al expresidente por la obtención de las joyas halladas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros. El juez, tras recibir escrito del fiscal, ha acordado solicitar a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia del listado elaborado en 2012 que recoge todos los «obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno» entre 2004 y 2011. En dicho listado no aparecen las alhajas halladas en la caja fuerte del exdirigente socialista.
El Ministerio Público ha hecho que la versión del expresidente sobre la obtención de las alhajas se vuelva en su contra. Si, como defiende Zapatero, fueron un regalo del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud entregado en Moncloa en 2007, entonces el dirigente socialista habría cometido un delito de malversación al apropiarse de ellas «con ánimo de lucro» tras abandonar la Presidencia del Gobierno. Esta es la tesis expuesta por Anticorrupción.
La defensa de Rodríguez Zapatero presentó un escrito el 23 de septiembre en el que dijo que las tres piezas de mayor valor de su colección fueron un regalo recibido durante su presidencia. Un obsequio que le entregó el rey de Arabia Saudí con motivo de su visita oficial a España. Zapatero explicó que él mismo se había dirigido por misiva a la Casa Real saudí para que esta corroborara su versión, sin éxito. Solicitó, por tanto, que el juez enviara una comisión rogatoria pidiendo la colaboración de Arabia Saudí. Fiscalía se opone a esta reclamación. «Con tan escueta justificación pretende la defensa que, sin más datos documentales, el juzgado, en un puro ejercicio de automatismo procesal, emita una comisión rogatoria de Arabia Saudí, y de paso dé por buena su versión del origen de las joyas», recoge el duro escrito de la fiscal Elena Lorente.
La Fiscalía apunta que los bienes que recibió Zapatero entre 2004 y 2011 fueron donados por la Presidencia del Gobierno para incorporarse al Patrimonio de la Administración General del Estado. Se realizó un acta el 1 de marzo de 2012 «y en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la oficina del señor Zapatero», relata Anticorrupción, que adjunta a su escrito el acta en cuestión, obtenida de fuentes abiertas. El juez ha solicitado una copia del documento.
La conclusión de Anticorrupción es que «Rodríguez Zapatero viene a reconocer que, siendo presidente del Gobierno, aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no las entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos». «De ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos», expone Lorente.
La fiscal precisa que «es cierto que la aceptación de obsequios de escaso valor intrínseco vienen siendo admitidos, aunque cada vez más restrictivamente, por la costumbre». Pero en el caso de las joyas, su elevado valor económico hace imposible enmarcar su recepción en «el marco de la adecuación social». Así que, «siempre siguiendo las explicaciones de la defensa», Anticorrupción considera que se puede atribuir al expresidente del Gobierno «un presunto acto de sustracción de caudal público que se insertaría dentro del delito de malversación, castigado con pena de prisión e inhabilitación absoluta».
Cuando Zapatero recibió las alhajas en el Palacio de la Moncloa, estas se convirtieron «en caudal público», del que «presuntamente se apropió [Zapatero] con ánimo de lucro, al finalizar su mandato y excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012».
