Una de las enmiendas más destacadas es la propuesta de supresión de la Audiencia Nacional que, según ha resaltado Junts en un comunicado, es «un órgano judicial heredero del Tribunal de Orden Público franquista que vulnera principios fundamentales como el de juez predeterminado por la ley y posee elementos propios de un tribunal de excepción».
La iniciativa plantea la distribución de sus competencias entre los órganos judiciales correspondientes y el establecimiento de un régimen de transición que garantice esa redistribución. «Es hora de cerrar definitivamente una institución como la Audiencia Nacional, que representa una excepcionalidad represiva inaceptable en una democracia moderna», ha destacado el diputado Josep Pagès.
Desde Junts también se propone la creación del Consejo de Justicia de Cataluña pues, según han defendido, es «un órgano previsto en el Estatuto de Cataluña pero que no se ha llegado a implementar». El mismo tendría «competencias para la gestión de la justicia en Cataluña, incluyendo nombramientos y la garantía de transparencia y de buen funcionamiento de la judicatura catalana».
Otro punto clave es la reforma del régimen de responsabilidad penal de los jueces. Para Junts esto serviría para poner fin «a la impunidad actual mediante la creación de un sistema de sorteo para formar a los tribunales que juzgan estos casos, con el objetivo de romper con el corporativismo judicial y garantizar la imparcialidad en estos procesos». También se propone limitar la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, «para ajustarla a la normativa europea sobre derechos y garantías judiciales», permitiendo que sus resoluciones «puedan ser recurridas ante órganos judiciales independientes.»
En cuanto a los jueces y fiscales sustitutos, Junts quiere ir más allá de lo previsto en el proyecto de ley y aplicar los parámetros de la jurisprudencia europea para su estabilización.
Asimismo, con respecto al catalán en la justicia, Junts propone establecer por ley el conocimiento del catalán para los jueces y fiscales en Cataluña, de acuerdo con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y prevé «una cuota de catalanohablantes» en la Administración de Justicia. Con ello Junts pretende «promover el catalán, impulsar un servicio de justicia arraigado en el país y acabar con la situación de falta de estabilidad en la justicia en Cataluña, que afecta tanto a jueces y fiscales como a funcionarios de la administración de justicia».
La propuesta incluye también la ampliación de las competencias de los jueces de paz en materias civiles y penales, así como la recuperación de su competencia en la celebración de bodas.
Por último, se incorporan enmiendas para afrontar la multirreincidencia penal con medidas específicas para el hurto de dispositivos electrónicos, también el regreso a la Generalitat del edificio de la Policía Nacional en Via Laietana, entre otros.
