Todo sucedía al filo de las seis de la tarde el Partido Socialista registraba en solitario la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» con el objetivo de borrar las causas abiertas por el procés desde 2012 hasta la actualidad. En ella se incorporan también los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Este trámite supone el primer paso para materializar el acuerdo cerrado con los grupos nacionalistas para garantizar los apoyos suficientes a la investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar los próximos 15 y 16 de noviembre.
El texto adelantado pactado por el PSOE y todos sus socios de investidura (Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG) salvo Coalición Canaria, acota la amnistía a un marco temporal que va desde el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», a este mismo lunes, 13 de noviembre de 2023. El proyecto de ley fija como amnistiados varios actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, así como aquellos que afectasen a su preparación o fuesen consecuencia de los mismos dentro del periodo temporal fijado en el texto.
De los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, se incluyen en la amnistía «los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de esta letra, directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad».
Bajo este supuesto se verían beneficiados de la amnistía el exvicepresidente de la Generalitat Junqueras y los exconsellers Romeva, Turull y Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación, informa Europa Press.
En relación a los actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad o resistencia, que hubieran sido ejecutados para permitir la celebración de las consultas populares, podrían acogerse a la amnistía los acusados de delitos de prevaricación u otros actos que hubieran consistido en la aprobación o ejecución de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios públicos que hayan sido realizados con el propósito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebración del referéndum ilegal.
A efectos sobre la responsabilidad civil y contable, también quedarán amnistiados los encausados dentro del marco de referencia temporal, incluidos quienes estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo en el caso de que haya una sentencia firme y esta haya sido ejecutada.
Esto último afectaría al procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’. A ellos la Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria tras haber rebajado sus estimaciones iniciales. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 ex altos cargos del Govern. La lista total de los treinta y cinco incluye al propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas.
El texto hace una mención directa a los empleados públicos que han sido encausados por el procés. Estos podrán volver a reincorporarse a sus respectivos puestos de trabajo, en caso de haber sido suspendidos, si bien no tendrán derecho a recibir indemnización alguna por el tiempo en que no hubieran prestado servicio. Ese periodo sí les será reconocido para el cálculo de su antigüedad, que afecta directamente a sus retribuciones o al cálculo de la pensión.
La proposición de ley fija un plazo máximo de dos meses para que los órganos judiciales, administrativos o contables que corresponda adopten «con carácter preferente y urgente» la amnistía, una vez que esta entre en vigor y al margen de cómo esté la tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable en cuestión. El registro de la iniciativa supone el pistoletazo de salida para un extenso proceso parlamentario, que deja en manos de la Mesa del Congreso encabezada por los socialistas el control de los tiempos.
Sánchez, una vez sea investido nombrará su gobierno, cuyos titulares formarán las correspondientes comisiones del Congreso por la que pasarán todos los proyectos normativos, incluida la amnistía si no es que se decide su tramitación por la vía urgente. En cualquier caso, deberá tratarse en el Pleno momento en el que los grupos también podrán presentar sus propuestas de modificación, llamadas enmiendas. Si bien, tras recibir la ‘luz verde’ de la Cámara Baja deberá superar la tramitación en el Senado, donde el PP ejercerá su capacidad de veto para retrasar los tiempos de aprobación.
