Las pymes y autónomos constituyen más del 95% del tejido empresarial español, con un porcentaje también muy similar en el conjunto de la economía europea europeo, que muestra la importancia de dicho segmento en la actividad económica y el empleo.
Son empresas que suelen tener mucha rapidez en la adaptación a las necesidades de sus clientes y del mercado, y que trabajan con márgenes ajustados. Son empresas que tienen corazón, que tienen nombre y apellidos, pues es la frutería de Juan, el bar de Milagros, el taller de Pepe, la tintorería de Luis, la farmacia de Sara o la peluquería de Pilar.
Son empresas que levantan el cierre cada día y que lo bajan después de horas de mucho trabajo, que tienen un trato directo con todos nosotros y que, invisiblemente, generan mucho empleo: el suyo propio y el de los pocos empleados que cada uno puede tener. Son un pilar indispensable de la economía y del mercado laboral.
Pues bien, en los últimos seis años hay 23.000 microempresas menos. Es decir, que cada día desde entonces diez Juan, Milagros, Pepe, Luis, Sara o Pilar han bajado el cierre para ya no levantarlo nunca más. No por gusto, sino porque la asfixia de regulación, de impuestos y de costes ha hecho que no resistan más, que hayan agotado sus recursos, incluso personales, en su negocio, que no puedan seguir adelante.
Eso es lo que las pymes y, especialmente, las microempresas y autónomos se encuentran en su día a día: cambios regulatorios que hacen más difícil su negocio; impuestos que los estrangulan; costes laborales que los asfixian porque no dejan de subir; y mayores dificultades para que los bancos les concedan financiación y cada vez más elevada.
Por eso, cualquier cambio normativo que introduzca rigidez en la economía, en el sistema tributario o en el mercado laboral supone un potencial quebranto muy importante para pymes y autónomos. Pero es lo que últimamente nos encontramos: la Administración pone trabas más que ayuda, y el nivel confiscatorio y de impulso indirecto de costes por normativa pública es insostenible para cualquier microempresa, para cualquier autónomo.
La reducción de la jornada laboral no puede producirse sin que haya un incremento previo de la productividad, sin que cada trabajador genere más producto. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará desplome de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su elevado coste. Ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción se perderán puestos de trabajo.
Impacto en el empleo
De hecho, si la reducción de jornada nos lleva de 40 horas semanales a 37,5 horas, eso supone una reducción de la jornada de más del 6%, a partir de la cual diferentes estudios cuantifican técnicamente que puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%. Esto sólo conducirá al debilitamiento de su economía y del mercado laboral, a un empobrecimiento de la sociedad.
Adicionalmente, la subida exponencial del salario mínimo también afecta de manera muy negativa a las pymes y autónomos, que incrementa sus costes, que hace disminuir la productividad, provoca bajadas de competitividad y pérdida de mercados; unos efectos que pueden lastrar mucho a las pymes y autónomos, que no tienen tanta capacidad de diversificación en muchos casos ni de posibilidad de soportar el incremento de costes reduciendo sus ya ajustados márgenes.
En cuanto a la reforma de la Seguridad Social, supone un impacto negativo importante en las empresas, especialmente en pymes y autónomos. Por un lado, el aumento del salario mínimo eleva la base de cotización mínima, con un impacto negativo para las empresas.
Al mismo tiempo, el aumento de las bases máximas incorpora un aumento del coste laboral que también tienen que asumir las empresas, así como la cuota transitoria de solidaridad intergeneracional. Todo ello son costes que aumentan los gastos empresariales.
Del mismo modo, el absentismo laboral, que aumenta en épocas de bonanza económica, representa otro problema para las pymes y autónomos, pues en muchos casos dicho absentismo afecta a una parte importante de los empleados con los que cuentan: no es lo mismo que falle un empleado en una empresa de mil trabajadores que el hecho de que falle un empleado en una empresa de cinco trabajadores. Según los últimos datos de distintas fuentes e instituciones, se superaron los 1,5 millones de trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal. Esto representa un coste directo de más de 20.000 millones de euros anuales, variable según el cálculo de diferentes instituciones, si sumamos las prestaciones abonadas por las administraciones, el coste para las empresas durante los primeros días de baja y la pérdida de productividad. Por eso, es necesario que se trabaje en la dirección de disminuir el absentismo no justificado, ya que supone un impacto muy negativo para las empresas, que puede ser letal para pymes y autónomos, en definitiva, para la economía y el empleo.
Adicionalmente, muchas pymes y autónomos no pueden cubrir los puestos de trabajo que tienen vacantes. Alrededor de 150.000 puestos de trabajo se quedan vacantes. Este desajuste puede deberse a un desincentivo a la hora de aceptar un puesto de trabajo por una mala dirección de los subsidios, que en ocasiones no cumplen con su función de ayuda, sino que no estimulan la búsqueda de empleo. No cubrir una vacante puede ralentizar mucho la actividad de las pymes y autónomos y, con ello, la generación de actividad. Por ello, tiene que producirse un cambio normativo que combine la protección social con el incentivo a trabajar.
Por último, el peso de la carga tributaria es excesivo para las empresas, especialmente para pymes y autónomos. Anteriormente he mencionado las cargas de la Seguridad Social, pero todo el conjunto de impuestos en España genera un marco en el que el esfuerzo fiscal se vuelve asfixiante, que impide realizar nuevas contrataciones y, con ello, mejorar la prosperidad.
Por eso, desde Cepyme seguiremos solicitando una flexibilización del terreno económico, más flexible, que elimine trabas para pymes y autónomos, reduzca sus costes -tributarios y no tributarios-, incentive el empleo y que acabe con el drama del absentismo.
Todo ello sería bueno para pymes y autónomos y, también, para el conjunto de la economía española.
