En un auto fechado el pasado 5 de diciembre la titular del juzgado central de instrucción nº 3, María Tardón, acepta la inhibición del juzgado de instrucción nº 27 de Madrid, al entender que se trata de hechos tipificados como delito de ataque informático y contra la seguridad nacional.
El ataque informático se produjo mediante el acceso ilícito a sus servicios informáticos con la posible exfiltración masiva de datos personales que corresponden a titulares de línea de telefonía móvil, 2.000 millones de registros equivalentes a 240 GB de datos de los abonados a las líneas telefónicas de España, custodiados por la CNMC.
La Fiscalía se oponía a que fuera la Audiencia Nacional la encargada de investigar el caso, al entender que la CNMC, pese a su importante función, no puede calificarse como una institución del Estado a los efectos del artículo 65 1º a de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, la juez Tardón, una vez analizada la doctrina del Tribunal Supremo, considera que sí debe concebirse a la CNMC como un alto organismo de la nación, aunque cree prematuro conocer cuál fue la finalidad perseguida.
La magistrada constata que «nos encontramos ante un ciberataque masivo contra una entidad que, por su incardinación en la estructura del Estado y su esencial función en los términos indicados, supone una grave e indudable afectación institucional, en un ámbito tan particularmente sensible y relevante para su normal funcionamiento como el del control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios».
