De esta forma, culmina el cambio de posición del PSOE en esta materia verbalizada hace unas semanas por la vicepresidenta económica, Calviño.
Su cuantía dependerá de los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad por cuya realización se exige la tasa. Una propuesta incluida en una enmienda transaccional, que lleva la firma del PNV, Junts, PP, Ciudadanos y el PDeCAT y, fuentes parlamentarias, aseguran que el PSOE ha dado su visto bueno para introducir el cambio en el proyecto de ley que regulará la futura agencia.
En cualquier caso, la tasa se fraccionará en dos partes. En una primera, al 40% de los gastos en que haya incurrido la Autoridad en el ejercicio anterior se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades en ese ejercicio sobre el número total de reclamaciones resueltas frente a todas las entidades. Y al 60% restante se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las resoluciones favorables al reclamante frente a cada una de las entidades en el ejercicio anterior sobre el número total de las resoluciones favorables al reclamante frente a todas las citadas entidades.
O lo que es lo mismo. Sobre el 40% de los gastos se tendrá en cuenta las reclamaciones resueltas, mientras que en el 60% irá en función de las reclamaciones favorables al reclamante. Esto en la práctica, según explican fuentes parlamentarias, supone premiar a aquellos bancos que «mejor lo hacen» y «castigar» a aquellos que menos cumplen, al depender la mayor parte del abono de la tasa las reclamaciones que han sido favorables al reclamante y contrarias al banco.
En el periodo voluntario de la tasa se prevé que la competencia para la gestión, liquidación y recaudación corresponderá a la propia Autoridad, llevándose a cabo su gestión recaudatoria en periodo ejecutivo por convenio por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria.
