En efecto ambas asociaciones denuncian la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos, que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad. Todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular. Las asociaciones rechazan frontalmente la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa.
En concreto, el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas. Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés. 2 2
Además, supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y también el señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social. Las asociaciones bancarias reiteran su determinación de emprender acciones legales.
