El grueso del gasto viene del coste de los servicios postales, que ascendió a un total de 2.743.453,24 euros. Por otro lado, el Ejecutivo destinó 428.230,28 euros en las 10.679.086 notificaciones que envió a cada persona, a razón de unos cuatro céntimos por carta. La suma de estas cifras hace un total de 3.171.683,52 euros, según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
En esa respuesta el Gobierno afirma que considera «importante» avanzar en la digitalización de esta y otras comunicaciones como las retenciones del IRPF por el ahorro que puede suponer.
Pero también indica que «no cabe olvidar» que los avances en digitalización «no pueden priorizarse en exclusiva», ya que han de compatibilizarse con la más «adecuada atención» a las personas mayores, vulnerables o con diversidad funcional, según sus propias necesidades, entre las cuales se puede encontrar la menor facilidad para la utilización de las nuevas tecnologías.
Además, el Gobierno recuerda que los pensionistas no se encuentran incluidos en la relación de sujetos obligados a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos, según el régimen de notificaciones de la Administración de la Seguridad Social. «Por lo tanto, la obligación de notificar el acto administrativo de revalorización de las pensiones en formato papel», argumenta el Gobierno en relación a la misiva, que incluye los importes individuales, las retenciones correspondientes al IRPF y, en su caso, demás descuentos de la persona con derecho a pensión, salvo que los beneficiarios hayan optado por relacionarse electrónicamente con la Administración.
