El pico lo registraron en febrero de este mismo año, cuando se dispararon de media un 16,6%. Los dos últimos meses su encarecimiento ha sido mayor a nivel nacional que en la media de la Eurozona, en contraste con lo que ha venido sucediendo con la tasa general de IPC, más moderada en España por las medidas aplicadas para contener los precios energéticos (la llamada «excepción ibérica») y porque en contra de lo que sucede con otras economías de la región, apenas dependía del gas ruso. Entre abril y septiembre del año pasado, los precios de los alimentos subían con más fuerza en España que en la media de la Eurozona. Fue al inicio del rally alcista que ha venido experimentando el coste de estos productos de primera necesidad.
La tendencia se revirtió en octubre y desde entonces los alimentos se habían encarecido más en el conjunto de la región. Sin embargo, desde que en febrero se alcanzó el pico de subidas (del 17,7% en el área del euro y del 16,7% en el caso de España), la tendencia en en resto de la región ha sido de una moderación constante, que a nivel nacional ha tenido algún altibajo. El mes pasado, los alimentos se encarecieron un 9,1% en la zona euro, según la herramienta de monitoreo que emplea Eurostat, la oficina de estadísticas comunitaria, mientras que en nuestro país lo han hecho al 10,5% -una décima más que el mes anterior y todavía a doble dígito-.
Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, hay un total de 19 de los 27 países donde su precio sube menos que en España y únicamente lo hace por encima en Islandia, Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria y Croacia. La pérdida de poder adquisitivo y la presión sobre los presupuestos de los hogares de estos bienes de consumo de primera necesidad ha sido objeto de preocupación y estudio, incluso, para el Banco de España (BdE). El organismo publicó recientemente un informe (‘Evolución reciente de los precios de consumo de los alimentos en el área del euro y en España’) donde constataba que la subida de los alimentos puede dificultar el acceso a una alimentación saludable e, incluso, obligar a las familias a reducir el gasto en otro tipo de bienes o servicios para poder hacerle frente. Esta preocupación es más evidente en el caso de los hogares vulnerables y con menor nivel de renta. Además, el banco emisor advertía de que el gasto en alimentos se realiza con mayor frecuencia y tiene más peso en el conjunto de la cesta de la compra española que en la de otros países vecinos, por lo que su evolución afecta a las expectativas de inflación de los propios consumidores. De hecho, la alimentación representa una cuarta parte del consumo del país, frente al 20,9% de media en la región.
Los alimentos han subido de media un 10,5% en España tanto en agosto como en septiembre en términos interanuales, con datos del Instituto Nacional de Estadística. Así y aunque no son el principal factor de encarecimiento del IPC, desde la Unión Sindical Obrera (USO) consideran que el acumulado es «insostenible» para la economía familiar. Con base en 2021, la alimentación básica se ha encarecido un 26% en dos años y el transporte, un 15,2%. Son los dos gastos esenciales en un hogar y son los que están por encima de la media, del 13,3%, recuerdan. El otro que lo supera, por efecto directo de ambos, es el de la hostelería, que afecta especialmente a los microempresarios y a los autónomos. «Todo esto, mientras los salarios por convenio suben un 3,41 %. Sí, casi igual que el IPC actual, pero muy por debajo de la subida que realmente se lleva el salario: la de los alimentos, la vivienda y el transporte», apunta Pérez, secretario general de USO.
La presión se mantiene, por tanto, a pocos meses de que se elimine la rebaja aplicada en el IVA a estos productos básicos, que expira el 31 de diciembre y que, salvo novedad, decaería junto al resto de medidas anticrisis valoradas en 10.000 millones de euros. Así estaba previsto por ley y así aparece recogido en el Plan Presupuestario 2024, remitido recientemente a la Comisión Europea. Según los cálculos de CaixaBank Research, el mes en el que se ejecute el reajuste del IVA de alimentos y el fin de la bonificación al trasporte público la tasa de inflación general se incrementará en 3 décimas.