Detrás de ese repunte, se esconden las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas. La bola de nieve crece, ante las advertencias de la Comisión Europea, que hace tan solo dos meses instó a España a abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre los años 2026 y 2028. Antes, en 2025, será el Gobierno quien evalúe la presión que la reforma de las pensiones está ejerciendo sobre las cuentas. El ministerio que dirige Elma Saiz podría verse obligado a aplicar medidas de corrección para corregir el desfase generado por el elevado gasto en pensiones.
La preocupación en Bruselas no se detiene en la viabilidad del sistema público de pensiones español, sino que se extiende por sobre el abultado volumen de deuda pública. En marzo, el informe de vulnerabilidad redactado por la Comisión Europea reconoció que, aunque «en la última década se han realizado importantes avances políticos, es necesario acometer un mayor esfuerzo para reducir la elevada deuda pública». Sin embargo, otros organismo -como la AIReF- manejan números más optimistas que con los que trabaja el Gobierno. La entidad presidida por Cristina Herrero confía en que España consiga rebajar la ratio en 1,8 puntos este año, situándola en el 105,8%. Eso sí, pide a Moncloa un plan de ajuste que garantice recortes anuales de 0,63 puntos, para poder cumplir con las reglas europeas.
