La reforma del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que consta de tres textos legales, ha salido adelante con amplia mayoría por el apoyo del Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, liberales de Renew, y Conservadores y Reformistas, pero con la oposición de los Verdes y la Izquierda. Tras el visto bueno de los eurodiputados, el último paso pendiente para que las reglas puedan entrar en vigor es que los Estados miembros también las aprueben formalmente, algo que prevén hacer el próximo lunes.
«Hemos trabajado mucho para corregir las reglas fiscales existentes, tan rígidas que con frecuencia no fueron aplicadas. Lo que hemos conseguido no es perfecto, es un buen compromiso», ha apuntado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en un debate con la Eurocámara antes de la votación. Las nuevas reglas mantendrán los límites a la deuda y el déficit público previstos en los Tratados, en el 60% y el 3% del PIB, respectivamente, pero darán más margen a los países para negociar sus sendas de ajuste con la Comisión Europea en planes a cuatro años que podrán ampliar a siete si adoptan reformas e inversiones.
Pero también incluyen objetivos comunes de recorte para garantizar que no se postergan los ajustes: los países que rebasen el límite de deuda deberán reducirla un punto porcentual cada año cuando supere el 90 % del PIB y medio punto si no llega a esa cota; y aquellos con un déficit interior al 3 % tendrán que seguir corrigiéndolo hasta el 1,5 % para tener un «colchón» al que poder recurrir en momentos de crisis.
El eurodiputado del PPE Ferber, ponente de la legislación en el Parlamento, consideró que estas reglas suponen «una diferencia enorme» con respecto a las actuales, puesto que dan a los Estados «margen para poder reaccionar y no entrar en una crisis de austeridad», pero evitan que se aplace la consolidación presupuestaria como ocurría con las anteriores.»¿Es la reforma que soñé? No, no lo es (…), pero para que una reforma sea efectiva tiene que ser aceptada por todos y creíble para ciudadanos y mercados financieros», dijo la socialista Margarida Marques, también negociadora del dosier, quien defendió que las nuevas reglas son «más flexibles, transparentes, democráticas y progresistas» y con un fuerte componente social.
Por el contrario, los Verdes y la Izquierda han considerado que dejan a los gobiernos sin margen para invertir en objetivos como la lucha contra el cambio climático o la protección social, en línea con las críticas vertidas por organizaciones medioambientales y los sindicatos. «Votar a favor de las nuevas reglas es una camisa de fuerza para todos los países de la UE», dijo el copresidente de los Verdes, Philippe Lamberts, quien tachó la reforma de «basura».
La futura regulación que modifica el marco fiscal de la UE cambia levemente el calendario porque los gobiernos ya no tendrán que enviar a la capital europea los planes de estabilidad y convergencia que antes remitían a Bruselas antes del 30 de abril. El primer hito será la apertura de expedientes a aquellos países con déficit y deuda superior a los límites establecidos, un paso que Bruselas prevé dar después de las elecciones europeas del 9 de junio.
Durante el verano, las capitales mantendrán conversaciones técnicas con las autoridades comunitarias sobre la trayectoria fiscal de cada país y todo este proceso cristalizará en unos planes nacionales de estabilidad que tendrán que remitir a la capital europea para el 20 de septiembre. Tras esto, cada Gobierno deberá remitir sus borradores presupuestarios para 2025 antes del 15 de octubre y la Comisión Europea verificará que éstos cumplen con la senda presupuestaria pactada entre ambas partes.
