En marzo de 2020, coincidiendo con la declaración de la pandemia, las medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de la actividad productiva, los plazos de pago mostraron el peor comportamiento de toda la serie histórica del Estudio.
De acuerdo con el trabajo de campo, en el que han participado cerca de 700 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, un 7% del tejido productivo trabaja con sus clientes por encima de los 90 días, el mínimo de la serie histórica desde que se realiza este estudio. Sin embargo, sólo el 50% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, un punto por encima de los niveles prepandemicos de 2019. Apenas un 10% ha logrado reducir ese plazo a los 30 días que trató de impulsar la Comisión Europea.
El 76% de las empresas, cuatro puntos más que hace un año, tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes en sus operaciones B2B. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago se reduce al 12%. En el caso de la pyme este valor alcanza el 40% y escala al 48% en la gran empresa.
La pandemia, correspondiente a las oleadas de 2020 y 2021, mostró un cambio en el comportamiento de los dos principales segmentos empresariales en los que se apoya la economía española. En el caso de las pymes se observó un claro incremento de su imposición de plazos de pago más largos, un síntoma del intento de diluir a través la cadena de valor sus problemas de tesorería. Por contra, esas dos oleadas reflejaron entre las grandes empresas, especialmente en 2021, una estrategia de protección de la salud financiera de sus proveedores. Sin embargo, los datos de 2025 muestran ya un comportamiento en línea con los valores históricos de la serie.
Aunque en menor medida, las Administraciones también forman parte del problema de la extensión indeseada de los plazos de pago: el 46% de las empresas que trabaja con el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. El peor comportamiento, que afecta al 32% de las empresas, se da entre las Administraciones locales. Este porcentaje se reduce en las Administraciones autonómicas (19%) y en las estatales (11%).
Un 58% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, dos puntos porcentuales menos que hace un año. La falta de liquidez vuelve a ser la razón más citada para explicar la morosidad empresarial, por delante del retraso intencionado (54%), la complejidad del procedimiento de pagos (17%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%) o la emisión de facturas incorrectas (7%).
