El texto salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, gracias al apoyo del PPE, los grupos de la derecha europea y parte de los liberales, mientras que socialistas, verdes e izquierda votaron mayoritariamente en contra.
La votación evidenció una nueva fractura de la denominada mayoría centrista europea. A diferencia de la crisis de Ceuta de 2021, populares y socialistas no lograron consensuar una posición común, pese a los llamamientos previos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para preservar la unidad entre los principales grupos europeos.
La resolución responsabiliza en parte al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria por el efecto llamada derivado de la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo y por no haber atendido las advertencias previas de las autoridades locales y de los servicios de inteligencia. Asimismo, recoge la preocupación expresada por 22 Estados miembros sobre el impacto que este tipo de medidas pueden tener en el conjunto de la política migratoria europea.
El texto también lanza una advertencia a Marruecos, al que insta a cumplir sus compromisos en materia de control fronterizo, cooperación migratoria y retorno de inmigrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea. Además, considera «inaceptable» cualquier cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y recuerda que el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros constituye una condición esencial en las relaciones con la UE.
La Eurocámara reclama igualmente la devolución rápida de los inmigrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados, y pide al Gobierno español que colabore plenamente con la investigación judicial abierta para esclarecer si la avalancha migratoria pudo constituir un ataque contra la integridad territorial de España.
En paralelo, Bruselas estudia nuevas herramientas para responder a crisis migratorias de este tipo. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha reclamado una solución urgente para los inmigrantes que permanecen en Ceuta, mientras que Von der Leyen ha anunciado una futura legislación de emergencia destinada a facilitar devoluciones en casos de presión migratoria extraordinaria.
