La reforma del mercado eléctrico, propuesta por el eurodiputado socialista González, ha obtenido el respaldo de 55 eurodiputados, mientras que otros 15 votaron en contra y dos se abstuvieron. También han acordado abrir negociaciones con el Consejo por 47 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, una decisión que deberá ser aprobada por el pleno de la Eurocámara en una próxima sesión plenaria. González ha subrayado que esta revisión «pone las bases para actuar de emergencia ante crisis de precios como la vivida recientemente, prohíbe que se corte la luz a las personas más vulnerables, y avanza en nuevos derechos, como el derecho a compartir energía y a vender los excedentes a particulares o a empresas».
En sus enmiendas al proyecto de ley, los eurodiputados proponen reforzar aún más la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios y piden que estos tengan derecho a contratos de precio fijo o dinámico y a más información clave sobre las opciones a las que se suscriben, al tiempo que piden que se prohíbe a los proveedores poder cambiar unilateralmente los términos de un contrato.
El objetivo es garantizar que todos los consumidores, así como las pequeñas empresas, se beneficien de precios estables, asequibles y a largo plazo y mitigar el impacto de las subidas repentinas de precios.
Los eurodiputados también abogan por que los países de la UE prohíban a los proveedores cortar el suministro de electricidad de los clientes vulnerables, incluso durante disputas entre compañías y usuarios, y evitar que los proveedores exijan a estos clientes que utilicen sistemas de prepago.
Asimismo, la comisión parlamentaria ha apoyado un uso más amplio de los contratos por diferencia -cuando una autoridad pública compensa al productor si los precios caen pero le cobra si incrementan– para fomentar las inversiones en energía y sugiere dejar la puerta abierta para esquemas de apoyo equivalentes.
Los eurodiputados también han destacado la importancia de los acuerdos de compra de energía (PPA) para proporcionar a los consumidores precios estables y a los proveedores de energía renovable ingresos fiables. La Comisión Europea tiene la tarea de establecer un mercado para los PPA para fines de 2024.
En sus enmiendas, los eurodiputados han ajustado además los criterios para declarar una crisis de precios de la electricidad, para asegurarse de que haya medidas concretas para proteger mejor a los ciudadanos y las empresas.
De igual modo, han abogado por la «flexibilidad no fósil» –la capacidad de la red eléctrica para adaptarse a los cambios en la oferta y la demanda sin depender de los combustibles fósiles– y la flexibilidad en el lado de la demanda, por ejemplo, mediante el uso de sistemas de baterías domésticos, lo que creen que puede ayudar a equilibrar la red eléctrica, reducir las fluctuaciones de precios y capacitar a los consumidores para adaptar su consumo de energía a los precios y sus necesidades.
