Así lo solicita el Ministerio Público en un escrito remitido al juez José Luis Calama a raíz de las denuncias presentadas por tres asociaciones de usuarios y afectados por esta presunta estafa piramidal: la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
Esas denuncias se interpusieron en el citado tribunal no solo contra Madeira Invest, sino también contra «otras personas físicas y jurídicas relacionadas» con la misma, entre las cuales según detallan fuentes jurídicas se encuentra el propio Romillo, pero no Alvise. Además de la admisión a trámite, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que el magistrado acuerde el secreto de la investigación y que las diligencias previas abiertas por cada una de esas denuncias se acumulen «en un mismo procedimiento».
Precisamente la pasada semana la Fiscalía General del Estado remitió al Tribunal Supremo la denuncia por financiación ilegal de Romillo contra Alvise Pérez, a quien donó 100.000 euros en efectivo (que supera con creces el límite legal para la financiación de partidos políticos) para su campaña de las elecciones europeas.
En su denuncia contra Alvise, Romillo asegura que desde 2021 se dedica a «asesorar a particulares y empresas para que puedan obtener ventajas económicas a través de la elusión fiscal», para lo que creó Madeira Invest Club (MIC) que aglutinara a clientes «interesados en la compraventa de obras de arte digitales». Romillo se comprometía a recomprar las obras en un plazo determinado, aunque según él mismo admitía, no llevaba a cabo «ningún tipo de control» sobre los compradores ni sobre el origen de los fondos. Hasta el punto de que en 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores catologó el MIC como «chiringuito financiero».
Con el dinero recaudado, explica en la denuncia, gestionaba un negocio de intercambio entre particulares «de crypto y efectivo», así como servicios de 5.000 cajas de seguridad anónimas cuyas operaciones no quedaban registradas ni eran fiscalizadas. Y, también, empresas de restauración, autocine, festivales de música y tiendas, cuyos ingresos le permitían -según él- hacer frente a «todos los contratos firmados». Hasta que la situación, aseguraba, se volvió «insostenible» al no poder cumplir con esas obligaciones, razón por la cual se ofrecía a colaborar por si los hechos «fueran constitutivos de delito».
Para publicitar el Madeira Invest llevaba a cabo distintos eventos, a uno de los cuales, celebrado el pasado 6 de abril en el Hipódromo de la Zarzuela, asistió Alvise Pérez. Fue el actual eurodiputado, quien le habría contactado en marzo pasado «para prestarle asesoramiento». Más adelante, el 4 de abril, asegura que Alvise le propuso crear una Wallet con QR para que quien estuviera interesado pudiera realizar «aportaciones y financiar de forma anónima y encriptada» a «ardillas» en condiciones de aportar documentos e información susceptible de ser empleada «mediática o judicialmente contra la corrupción». Unos días después, Alvise asiste al acto en el hipódromo y le «ayuda a promocionar los servicios que presto».
A posteriori, cuenta que Alvise le propuso seguir «haciendo cosas juntos», una colaboración por la que -le asegura- Romillo obtendría promoción a sus servicios y el ahora eurodiputado «podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin restricciones estatales».
Siempre según la versión del denunciante, el líder de Se Acabó la Fiesta le solicita ayuda para lograr financiación mediante «la recaudación de fondos de sus seguidores». «Le pregunto cuánto dinero necesita y me responde que entre 300.000 y 360.000 euros». Entre otras cosas, explica, Alvise le propone «organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre criptomonedas si finalmente es elegido como eurodiputado», algo que habría rechazado Romillo. «Como voy a renunciar al 100% del sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política», afirma que le trasladó Alvise por mensaje el pasado 22 de mayo.
Finalmente, el 27 de mayo Romillo le indica que puede recoger 100.000 euros en efectivo, que le entrega un empleado de Sentinel ese mismo día «para la financiación de la campaña de su partido político».
