Según los datos difundidos por la Generalitat, en 2024 el Ejecutivo catalán deberá afrontar el pago de 7.988 millones de euros, una cantidad que escalará durante los siguientes ejercicios. En 2025, el coste se elevará a los 7.828 millones; un año después a los 7.946 millones, hasta llegar a los más de 8.100 millones que deberá abonar en 2027.
La cifra no dará tregua hasta 2030. Con estas cartas, los partidos independentistas ven en la negociación con el PSOE la oportunidad de evitar en un despacho el catálogo de obligaciones que tienen por delante. Si el candidato a la presidencia acepta, el coste no será solo económico, sino también político. El equipo de Sánchez no descarta aceptar una quita parcial, a pesar del malestar que la medida generaría.
