Esta será una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno, según fuentes del Ministerio de Hacienda, y no necesitará la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque tampoco se descarta.
El sistema que va a seguir el Gobierno para definir cuánta deuda asume de cada comunidad tendrá como referencia el incremento experimentado entre 2007 y 2014 en cada autonomía, al entender que gran parte vino forzada por la crisis financiera y que las autonomías no recibieron por parte del Estado el apoyo que sí se ha producido con la crisis de la covid. En la pandemia del coronavirus, los gobiernos llegaron con la lección aprendida y aprobaron ayudas para paliar la crisis; la Comisión Europea suspendió la aplicación de las reglas fiscales y el BCE bajó los tipos de interés y compró deuda pública sin limitaciones.
Pero con la crisis financiera y económica de 2008, que se prolongó varios años, primaron las medidas de austeridad. La recaudación impositiva se desplomó al hundirse la economía y las comunidades autónomas tuvieron que endeudarse para cubrir el coste de los servicios públicos. De 2007 a 2014, la deuda de las comunidades autónomas de régimen común se incrementó en 165.155 millones de euros. Cataluña fue la autonomía que más aumentó su endeudamiento al pasar de 15.776 millones a 64.466 millones (casi 48.700 millones de subida), seguida de la Comunidad Valenciana, que aumentó 25.500 millones hasta los 37.422; y Andalucía, con un incremento de 22.196 millones hasta los 29.373 millones. En promedio, la deuda se multiplicó por 3,7 veces, aunque la comunidad donde más creció fue Murcia, que la multiplicó por 10 hasta los 6.838 millones.
Además, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha se tienen que endeudar más porque están infrafinanciadas: reciben menos recursos por habitante ajustado que los necesarios para mantener el mismo nivel de prestación de servicios públicos que otras comunidades. Y eso lleva a la segunda parte del problema: hay que diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica, el actual, aprobado en 2009, caducó en 2014 y genera mucha desigualdad entre comunidades.
