Se trata de uno de los grandes temas pendientes que quedó fuera de la negociación de la norma que el Gobierno consiguió sacar adelante a las puertas de las elecciones autonómicas y locales del pasado 28 de mayo con el apoyo de ERC y EH Bildu después de más de un año de negociación.
Los alquileres de temporada están previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos como contratos de uso distinto a la vivienda, pero no vienen desarrollados en esta norma ni en la que fue aprobada en el mes de mayo, que relegó a una disposición adicional la creación de este grupo de trabajo para una futura regulación.
Pese a no estar desarrollados por el legislativo, la duración mínima de un año de los contratos de vivienda habitual implica que los alquileres de temporada sean aquellos cuya duración esté por debajo de este mínimo anual, por ejemplo, los que puede firmar un estudiante de septiembre a junio.
Al no considerarse arrendamientos de vivienda, estos alquileres escapan de las limitaciones introducidas en la ley, que impiden elevar el precio del alquiler más de un 2% este año (3% en 2024 y mediante un nuevo índice desde 2025), así como de un potencial control de los precios en zonas tensionadas -que todavía no se ha implementado en ninguna comunidad autónoma-.
Esta semana, Idealista culpaba a la norma de haber disparado la oferta de alquileres de temporada un 40% desde su aprobación y representar ya un 10% del total de pisos en alquiler, mientras que las viviendas en alquiler habitual habrían caído en el último año un 12%, según sus datos. Así, la ciudad con más alquileres de temporada en oferta sería San Sebastián, donde el 32% de las viviendas que se ofrecen lo hacen con este régimen, y le seguirían Barcelona (28%), Cádiz (17%), Santander (16%), Málaga (15%) y Tarragona (15%), acorde a Idealista.
Desde el Sindicato de Inquilinos, una de las principales críticas que le hicieron a la aprobación de la norma es que, al quedar fuera de la regulación prevista, estos alquileres supondrían un “gran agujero” que podría ser utilizado por los propietarios para evitar las limitaciones a la subida de precios. Además, subrayaban que el acceso a estos alquileres acaba afectando más a “colectivos más precarizados”, como estudiantes, jóvenes o inmigrantes, ya que, en muchos casos, la modalidad de alquiler por temporada viene acompañada del alquiler por habitaciones, que tampoco regula la ley.
Pese a que desde Podemos, Más País y Compromís trataron de aprobar enmiendas sobre la cuestión hasta el final de la tramitación, en ERC y Bildu ya asumieron que el asunto se aplazaría a la siguiente legislatura. Los diputados Matute y Vallugera explicaron entonces que tras las elecciones generales -en ese momento previstas para diciembre- se crearía un “grupo de trabajo” para analizar “cómo aplicar” el “espíritu” de la ley en los regímenes de alquiler por temporada y por habitaciones.
Así, después de más de 100 días de Gobierno en funciones y tras la decisión de Pedro Sánchez de recuperar una cartera específica para Vivienda, que incluyó un relevo de la anterior titular, todavía no se ha creado el grupo de trabajo en el Ministerio que aspira a regular este fenómeno cada vez más habitual en las grandes ciudades.
