Las pretensiones del empresario vasco pasan por adquirir hasta un 29,9% del capital de la industria ferroviaria para no tener que lanzar una opa, al rozar el umbral del 30% fijado por la normativa que regula este tipo de transacciones.
Al mismo tiempo, el presidente de Sidenor tendría previsto ofrecer un precio superior a los 4 euros por título, pero considera que el valor real de la compañía está alejado de los 5 euros ofertados por el consorcio húngaro Ganz-MaVag, cuya opa vetó Moncloa alegando «razones de seguridad nacional y del orden público». Aún así, la contrapartida definitiva está por determinar en una negociación que, según fuentes próximas al fabricante, todavía no ha arrancado formalmente, con meros contactos entre el empresario, los gobiernos vasco y español y la dirección de Talgo.
El futuro de esta oferta parece sujeto a alcanzar un acuerdo con el fondo británico Trilantic, accionista mayoritario del fabricante con aproximadamente un 30% del capital. Por el momento, el fondo capitaneado por Bañón se habría mostrado inflexible a vender sus títulos a un precio inferior a los 5 euros por acción ofrecidos por Hungría, bajo la idea de que la compañía tiene potencial de crecimiento y recorrido bursátil dada su amplia cartera de pedidos.
Trilantic, además, cuenta con la baza de controlar la mayor parte de la sociedad instrumental Pegaso Transportation, titular del 40,03% del capital de Talgo, y cuyas decisiones han de ser secundadas por el resto de accionistas minoritarios: el fondo Torreal de la familia Abelló, que con un 3% también quiere deshacer su posición; y la familia Oriol, con un 7% repartido en participaciones minoritarias en manos de los herederos del cofundador.
Por tanto, si se tienen en cuenta las intenciones de Jainaga, quedaría por asumir algo más del 10% para poder relevar a los actuales accionistas. Esa participación será adquirida por las administraciones públicas españolas, concretamente por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el País Vasco a través del fondo Finkatuz, un instrumento financiero gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) controlado por el Gobierno Vasco., lo que finalmente dejaría fuera de la operación a Criteria que no se ha mostrado muy interesada por entra en Talgo.
En Moncloa, por su parte, la operación ya ha recibido el visto bueno de de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y el hombre que ha tomado las riendas de la operación por encima de los ministerios de Industria y Transporte, que han pasado a un segundo plano. La participación de la SEPI y Finkatuz se dividirá, a priori, en partes iguales, asumiendo cada entidad en torno a un 5%.
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Talgo cerró ayer la jornada con un valor de mercado aproximado de 451 millones de euros, unos 170 millones por debajo del precio que fijó el consorcio húngaro Ganz-MaVag en su oferta, que lo situó en 619 millones. Las cifras sugeridas desde el entorno de Jainaga sitúan la oferta de adquisición en un umbral de entre 4,10 y 4,30 euros, lo que elevaría el valor entre los 508 y los 532 millones de euros. Con estos números, la compra del 29,9% de la empresa por parte de Jainaga supondría acometer una inversión de entre 152 y 159 millones de euros. Por su parte, las administraciones públicas destinarán entre 50,8 y 53,2 millones a la operación, entre 25 y 27 millones a dividir entre la SEPI y el fondo vasco Finkatuz.
