La reciente propuesta de Núñez Feijóo de eximir a los jóvenes de pagar impuestos durante sus primeros años de trabajo ha suscitado un gran debate. Aunque la medida parece ser una solución para aliviar la carga fiscal de estos y facilitar su acceso a la vivienda o el emprendimiento, existen varias razones que indican que esta iniciativa tiene un toque populista y enfrenta serios desafíos de implementación.
Tener una vivienda propia proporciona estabilidad y seguridad, y esto está también asociado con beneficios en términos de salud y bienestar mental al reducir la incertidumbre y el estrés asociados con el alquiler, que ha mostrado ser una gran inseguridad y problemas de adecuación, con altos costes que frecuentemente superan ampliamente la capacidad económica de los jóvenes.
Según investigaciones realizadas por el Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard, la propiedad de una vivienda puede también contribuir a una mayor estabilidad en las relaciones de pareja debido a que la seguridad financiera proporcionada por disponer de ella reduce el estrés financiero, lo cual es un factor básico en la estabilidad de las relaciones.
Además, poseer una vivienda puede ser una inversión a largo plazo, generando patrimonio y proporcionando una mayor seguridad económica, pero es algo que también se refleja de forma indirecta en la tasa de natalidad de un país. La National Bureau of Economic Research encontró que un aumento del 10% en los precios de las viviendas conduce a 4.5% en las tasas de natalidad entre los propietarios de viviendas.
Sin embargo, a pesar de todas las bonanzas de la idea, la implementación de la exención fiscal para jóvenes presenta serios desafíos. En primer lugar, rompería el principio de equidad fiscal, fundamental en la legislación española, donde todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del estado según su capacidad económica. Eximir a un grupo específico de esta obligación podría ser visto como injusto para otros contribuyentes y socavaría la cohesión social y fiscal.
Además, la aplicación de la medida implicaría una reducción considerable en los ingresos fiscales del estado y este déficit de ingresos plantearía la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación en los mercados a sumar a la ya inasumible deuda externa o recortar en otras áreas, lo que podría tener efectos adversos en todos los ámbitos.
Aunque la medida de eximir a los jóvenes de pagar impuestos durante sus primeros años de trabajo pudiera aplicarse, incluso superando desafíos constitucionales y de equidad, su implementación efectiva requeriría la creación de un cuerpo de supervisión para garantizar que los fondos se destinen efectivamente a vivienda o emprendimiento. Esta supervisión intensiva podría resultar en una «persecución» fiscal hacia ellos, incrementando el control de Hacienda sobre sus finanzas y potencialmente generando más problemas de los que se buscan solucionar, aumentando el estrés y la percepción de ser fiscalmente perseguidos, contrarrestando los beneficios esperados de la medida.
La propuesta de Feijóo por tanto, tiene buenas intenciones y podría proporcionar un alivio temporal a los jóvenes, pero aplicar estas medidas para un pequeño grupo poblacional durante un periodo limitado a cuatro años, coincidiendo convenientemente con el ciclo electoral, no aborda de manera integral las raíces de los problemas económicos y de vivienda que enfrentan. Históricamente, las políticas fiscales diseñadas sin considerar la equidad refuerzan desigualdades estructurales, afectando negativamente a ciertos grupos y aumentando la inequidad social, lo que siempre desemboca en más problemas más graves que los que intentan solucionar.
