La intención es que se vote el próximo jueves, aunque la norma todavía tiene que debatirse antes en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y su aprobación está asegurada. Y como los ‘populares’ no han querido vetarla, ya es seguro que la reforma fiscal va a acabar en el Boletín oficial del Estado (BOE), ya que el Congreso sólo decidirá si mantiene o elimina las enmiendas que el PP introdujo en la Cámara Alta, pero no votará la ley en su conjunto.
Las enmiendas del PP buscan añadir nuevas rebajas fiscales y ayudas a jóvenes y a afectados por la DANA, y teniendo en cuenta que PP y Junts se han aliado recientemente para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y ambos coinciden en que no quieren más cargas fiscales, no es descartable que la formación de Carles Puigdemont o el PNV, también proclive en ocasiones a rebajas fiscales, se animen a votar a favor de algunas enmiendas del Senado y se desmarquen del Gobierno de coalición.
Entre estas enmiendas, que se introdujeron en fase de ponencia, cabe destacar que el PP ha introducido una modificación para que la rebaja del Impuesto de Sociedades a pymes que el PSOE pactó con Junts y que introdujo en el Congreso se haga desde 2025 de forma automática y no a lo largo de tres años como está redactado ahora.
Otra enmienda busca redirigir 3.000 millones recaudados con el impuesto a la banca a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa. A esto se suman exenciones fiscales en el IRPF a jóvenes de 18 a 35 años durante cuatro años para que lo destinen a vivienda, formación, natalidad o emprendimiento. El PP estima que esta medida tiene un coste de unos 2.100 millones y un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros.
Los ‘populares’ han introducido enmiendas para dejar exentas de IRPF y el impuesto de donaciones a las ayudas a los afectados por la DANA, así como un IVA del 0% para el cambio de vehículo y el arreglo de la casa y la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE.
Con estas medidas, el PP alega que pretende llevar adelante su objetivo de proteger a los españoles de un «hachazo impositivo» de 8.700 millones de euros, fruto de la «voracidad impositiva de Sánchez». «Apelamos al sentido común del resto de grupos parlamentarios para que piensen en el bien de los ciudadanos y no en intereses partidistas propios y del presidente Sánchez», dicen fuentes del PP.
