Los investigadores sospechan que, a través de esas compañías, Ábalos y su sucesor en el PSOE, Santos Cerdán, se habrían embolsado comisiones ilegales. La operación, autorizada y coordinada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, forma parte de una pieza separada secreta que investiga el cobro de comisiones por parte del ex ministro y su entorno durante la pandemia.
La investigación se ha centrado en los vínculos de Koldo García y Santos Cerdán con empresas constructoras. El asesor de Ábalos compaginaba su trabajo como vigilante de seguridad con exhibiciones como aizkolari (cortador de troncos), recibiendo el patrocinio de la constructora Servinabar 2000, que posteriormente resultó adjudicataria de las obras de los túneles de Velate en Navarra valoradas en 76 millones de euros. El administrador de esa sociedad, Antxon Alonso, también tiene nexos con Santos Cerdán.
El registro forma parte de una operación más amplia. Según las fuentes consultadas, estas diligencias secretas están dirigidas a clarificar las adjudicaciones señaladas por Víctor de Aldama, la pieza central del caso, quien aportó a la causa un listado de presuntos contratos «preadjudicados» a constructoras. Aparecía la letra de Koldo a mano.
La documentación entregada por Aldama incluye anexos de inversiones del Ministerio de Transportes correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, centrados principalmente en la Dirección General de Carreteras. En este listado de 75 páginas aparecen subrayados proyectos menores, como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos.
Según el testimonio de De Aldama, los subrayados en color rosa serían contratos públicos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Esta documentación ha sido clave para que el magistrado Puente ordenara los registros de este martes.
El pasado mes de abril, el instructor había mandatado ya a la UCO para que identificara las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias de cada una de esas obras, así como a fiscalizar el procedimiento de adjudicación de estas. El ex director general de Carreteras, Javier Herrero, declaró en marzo ante el Supremo que el listado contenía una mayoría de adjudicaciones llevadas a cabo durante el Gobierno del PSOE.
Los agentes se han personado también en la vivienda en Valencia del actual diputado del Grupo Mixto en busca de documentación sobre contratos de obra civil y le han requisado su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos para su volcado. También se prevé registrar un local y trasteros donde Ábalos guardaría información comprometedora.
Esta diligencia supone un punto de inflexión en la investigación, ya que es la primera vez que el alto tribunal ordena registrar un inmueble del ex ministro, quien ya ha declarado en dos ocasiones ante el magistrado instructor, negando haber cobrado comisión alguna.
La investigación contra Ábalos se abrió hace siete meses, tras recibir el Supremo la petición del juez de la Audiencia Nacional encargado del denominado caso Koldo. El ex ministro ha intentado sin éxito que se aparte a la UCO de las pesquisas, acusando a los agentes de realizar «filtraciones», algo que denota «tintes de inquina y venganza». Tanto el instructor como la Sala de Apelación han denegado estas reclamos.
Mientras tanto, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está escondido de la escena pública tras meses de ausencia. Únicamente ha hech una aparición para rechazar las informaciones que le vincularían con contratos de obras públicas en Navarra. «Todo son mentiras», ha zanjado Cerdán, quien admite haberse intercambiado mensajes interesándose por contratos públicos.
